Se agrava la guerra en la Corte y le quitan a Carlos Rosenkrantz la posibilidad de nombrar personal

19:35 | Martes 18 de Diciembre de 2018 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La guerra interna que agita a la Corte Suprema de Justicia desde que Ricardo Lorenzetti fue reemplazado intempestivamente en la presidencia tras casi doce años de reinado casi absoluto tuvo este martes otra batalla importante: con el voto de los jueces Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, el máximo tribunal decidió quitarle al presidente del cuerpo la atribución de contratar personal. El hecho parece simbólico, pero refleja dos escenarios: la decisión de morigerar al máximo el personalismo que caracterizó al período anterior, y un debilitamiento objetivo del ya golpeado titular del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, quien viene apareciendo aislado en varias de las últimas votaciones. A partir de ahí, crecen infinidad de interpretaciones políticas, pocas de ellas ecuánimes y mucho menos desinteresadas. Veamos.

Tras la caliente votación en el caso Blanco, que volteó el cálculo de haberes jubilatorios iniciales que había diseñado el gobierno por uno más favorable a los pretendientes, la Corte avanzó otro paso en la organización interna de su trabajo, esta vez respecto a uno de los temas más sensibles entre las tareas del tribunal: la contratación de personal, tanto en la Corte como en el resto del Poder Judicial de la Nación. Desde 1961 y hasta ahora, ese botón estaba en manos del presidente del cuerpo, según una acordada de ese año que ponía en práctica el artículo 113, la Constitución, que dispone que "la Corte Suprema dictará su reglamento interno y nombrará sus empleados".

Pero ahora, "con el objeto de afianzar la participación profundizar el consenso en la adopción de sus decisiones, el Tribunal considera oportuno retomar el ejercicio de las aludidas competencias delegadas en materia de superintendencia sujetarlas al principio de la mayoría", según votó este martes la mayoría de la Corte. Lorenzetti, Maqueda y Rosatti decidieron que a partir de ahora "la Corte Suprema de Justicia designará y aceptará las renuncias de sus funcionarios empleados por mayoria de tres (3) de sus miembros. De la misma manera será decidido el otorgamiento la renovación de los contratos de personal de este Tribunal de los restantes tribunales del Poder Judicial de la Nación".

Pese a que es un tema importante para el tribunal, la jueza Elena Higthon no emitió opinión. Eso lleva las miradas a Rosenkrantz, el inesperado titular de la Corte cuya lapicera será menos potente a partir de ahora. Cerca del juez admiten "una fuerte disputa en el tribunal" respecto al tema. En su voto de disidencia, Rosenkratz también propone que las contrataciones sean decididas por tres de los jueces del tribunal, pero con un sistema rotativo, según el cual él como presidente participa siempre y es acompañado por otros dos de los jueces, que a su vez se alternarían. ¿El argumento? Que no se formen "mayorías rígidas" para tomar las decisiones. Sólo le falta ponerle nombres a esa prevención, que hoy está claramente dirigida a lo que con malicia muchos llaman "mayoría peronista" de la Corte, reflejada en el voto de este martes.

Cerca del juez, reconocen que "como otras medidas de Rosenkrantz, ha generado fuertes resistencias". Según la interpretación de la presidencia, "esta nueva Acordada no tiene pauta objetiva alguna a la hora de efectuar contrataciones. En otras palabras, no representa un avance en transparencia ni es un intento por disminuir la discrecionalidad", dicen con cierto enojo. "Pero lo más importante es que esta nueva Acordada es ilegal. Se trata de una decisión tomada por tres jueces que viola una ley sancionada por el Congreso de la Nación." Siempre según esa lectura, la delegación del manejo de los contratos en el presidente puede ser modificada pero no eliminada.

No es esa la lectura mayoritaria en el tribunal, ni mucho menos. Y para desmentirlo, eligen un ejemplo urticante para Rosenkrantz: "si hubiéramos tenido esta herramienta el mes pasado, con el voto de tres ministros se hubiera evitado la contratación en la Corte del segundo de la Procuración del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, de la que nos enteramos cuando ya estaba hecha. Sin discutir los méritos del doctor, no es prolijo el ingreso de alguien que esta un minuto antes trabajaba haciendo juicios acá en nombre del Estado", reflexionan en el entorno de otro juez de la Corte. 

Otro de los cortesanos, Horacio Rosatti, no cree que la sangre se acerque al río. "Hay que desdramatizar", dice uno de sus secretarios históricos. "Las disidencias son lógicas y hasta sanas, y todos ya están de acuerdo con licuar un poco el poder de la presidencia, más allá de quién la ejerza. Es parte del cambio que tiene que encarar la Corte, junto con el anuncio al menos trimestral de los temas que va a tratar, de un plazo máximo para tratar y votar los temas -Horacio se autoimpuso 90 días como máximo- y otras señales de transparencia como publicar las declaraciones juradas de bienes. Si no lo hace la Corte, ¿cómo se le va a exigir a otros jueces?", dice con fingida inocencia.