Bolsonaro apuesta a reforzar el programa social emblema de Lula para revertir su desventaja

21:11 | Miércoles 04 de Agosto de 2021 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

RÍO DE JANEIRO.- El gobierno brasileño dio nuevas señales de que el control de las cuentas públicas puede quedar a un lado frente a las ambiciones electorales para 2022. Jair Bolsonaro evalúa otorgar incrementos de “hasta 100%” en el Bolsa Familia, un programa social que puede apuntalar su campaña para la reelección el año que viene.

Marca registrada del Partido de los Trabajadores (PT), el presidente brasileño debe reformular el Bolsa Familia este año con un nuevo nombre para imprimirle un sello de su administración. Bolsonaro sorprendió al revelar el plan en estudio porque aumentó la expectativa que él mismo había generado en junio, cuando dijo que barajaba aumentos de un 50%.

“Estamos ultimando esfuerzos y estudios para dar un aumento de como mínimo 50%, pudiendo llegar hasta 100% en promedio. Además de atender a la población, vamos a preparar a Brasil para volver a la normalidad”, prometió el martes Bolsonaro, en una entrevista con un canal de TV de Pernambuco.

El programa asiste actualmente a casi 15 millones de familias con un promedio de 192 reales y, si se confirma la suba, iría a 384 reales -aproximadamente 75 dólares-. Además, existe la intención de aumentar el universo de beneficiarios en al menos cuatro millones más.

En caída en las encuestas y con una popularidad negativa récord mientras su administración enfrenta denuncias por corrupción en la compra de vacunas contra el Covid-19, Bolsonaro puede jugarse en el Bolsa Familia robustecido una de sus últimas grandes cartas para construir su candidatura a la reelección, coincidieron analistas consultados por LA NACION.

“El gobierno da la impresión de que cuanto más impopular resulta, adopta más medidas de gasto y no da ningún dato o explicación de por qué Brasil necesita eso en este momento”, dijo Andre Marques, coordinador del centro de Gestión y Políticas Públicas del Insper. “Apenas quiere agradar a un número grande de personas en vísperas de las elecciones”.

El incremento tiene como principal traba la ley vigente del techo de gastos, que impide al gobierno federal incrementar los gastos por encima de la inflación si no compensa la erogación con algún corte presupuestario. Sin embargo, el Ejecutivo pretende apelar a artificios para burlar el techo, escenario que llevó preocupación a analistas e inversores en las últimas horas.

El ministro de Economía Paulo Guedes reconoció que el gobierno intentará postergar el pago de precatórios -deudas del Estado en juicios perdidos ya con sentencias definitivas- a través de la implementación de pagos en cuotas. La alternativa, que valdría para 2022, ha generado inseguridad y sospechas de que Brasil pueda entrar en un ciclo de deterioro de las cuentas públicas.

“Debo, no lo niego. Pagaré apenas pueda”, reconoció Guedes sobre la propuesta que pondría plazos de hasta diez años para deudas del Estado con empresas y particulares que superen los 66.000 reales, cerca de 13.000 dólares.

De acuerdo con previsiones del presupuesto, el gobierno federal debe pagar casi 90.000 millones de reales -unos 17.300 millones de dólares- en concepto de juicios perdidos en 2022. Si avanza la propuesta para dividir los pagos, el gobierno liberaría poco más de la mitad del valor total de la deuda en recursos.

“Guedes busca una salida que libere recursos para las necesidades políticas del presidente”, dijo Gilberto Braga, economista y profesor del Ibmec.

El presidente brasileño alcanzó en diciembre del año pasado el récord de popularidad durante su mandato, con un 37% de aprobación según la consultora Datafolha. A partir de allí, comenzó una trayectoria de declive hasta el actual 24% de aprobación, de acuerdo con la misma consultora.

La retracción acompañó la retirada y disminución del programa Auxilio Emergencial, que llegó a otorgar 115 dólares al comienzo de la pandemia y que le rindió a Bolsonaro una mejora en la popularidad principalmente en el nordeste brasileño.

Braga vinculó la decisión de postergar el pago de sentencias a hacer lugar para gastar más y así compensar la caída de popularidad del presidente y los avances de la investigación parlamentaria sobre las omisiones en la pandemia.

“El ministro trae más inseguridad al ambiente de negocios, que ya está deteriorado. Deja abierta la posibilidad a nuevos artificios para colocar en jaque el equilibrio fiscal porque se está anticipando la elección con gastos con sesgo electoral”, concluyó.

Fuente: La Nación