Los movimientos sociales oficialistas creen que los quieren auditar y “estigmatizar” por la decisión de competir en 2023

10:50 | Domingo 14 de Agosto de 2022 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Los movimientos sociales aliados al gobierno, sobre todo el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, creen que las auditorias sobre los programas, como el Potenciar Trabajo, anunciada por funcionarios del Frente de Todos, y la “estigmatización” que en los últimos meses han recibido desde un sector del oficialismo, es en represalia por la construcción de un partido político para competir en el 2023 y presentar batalla en municipios del conurbano y legislaturas provinciales.

Varios de sus máximos dirigentes ya no ven en el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, a un aliado en el mundo de la economía popular, sino al intendente en uso de licencia de Hurlingham alineado con sus pares en el conurbano y que “realiza una pésima gestión y persigue a los movimientos populares”.

Es la primera vez desde que reemplazó en el cargo al actual diputado nacional Daniel Arroyo, que dirigentes que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a través de sus organizaciones, critican y cuestionan de manera casi despiadada a Zabaleta.

“Lo único positivo de Desarrollo Social es el programa Potenciar Trabajo y lo combaten porque disputan el territorio con los movimientos populares y han elegido al Evita como el enemigo y la verdad, es una vergüenza”, profundiza un segundo referente social.

Tanto el Movimiento Evita como Somos Barrios de Pie son dos de las mayores organizaciones populares albertistas.

El presidente Fernández carece de trabajo en el territorio. Por eso, dirigentes del Evita como Emilio Pésico, Fernando Navarro y Daniel Menéndez (los tres funcionarios nacionales); Gildo Onorato y, entre otros, Esteban Gringo Castro, el secretario general de la UTEP, son su soporte y su voz en la provincia de Buenos Aires.

Los ejemplos sobran. Cuando el Frente de Todo perdió por más de cinco puntos las elecciones PASO ante Cambiemos en territorio bonaerense, fueron la mayoría de las organizaciones nucleadas en la UTEP las que salieron a buscar votos puerta a puerta.

Castro, en persona, invitó al jefe de estado a su casa de Luján, lugar donde funciona el Movimiento Misioneros de Francisco, para acercarlo a los vecinos y darle un baño de barrio y conurbano.

Cuando Cristina Fernández de Kirchner los fustigó a través de cartas públicas y habló de “funcionarios que no funcionan”, Pérsico anunció una movilización a Plaza de Mayo que finalmente bajó a pedido del kirchnerismo para no seguir fomentando la brecha.

Cuando perdió las elecciones legislativas, la UTEP organizó una masiva concentración en un estadio para relanzar su gestión. Y los hitos continúan.

El Evita, con Pérsico y Navarro a la cabeza, anunciaron públicamente la construcción de un partido político para competir en 2023 el 22 de junio pasado. Fue después de las críticas que la Vicepresidenta de la Nación realizó dos días antes, el último 20 de junio, cuando cuestionó a Fernández por la “tercerización” de las políticas sociales al dejarlas en manos de organizaciones con el Evita.

La Vicepresidenta fue la primera en alentar un proceso de auditoría al funcionamiento de los planes sociales y opinó que el Estado “debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas”.

“Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? El Estado debe recuperar ese rol y transparentar ante la opinión pública todo esto”, pidió ese mismo día.

Los días siguientes, varios intendentes oficialistas del conurbano fueron tras los dichos de CFK y directamente pidieron el traspaso de los planes al control de la órbita municipal.

Juan Zabaleta recordó a las pocas horas que él ya estaba distribuyendo a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que pedían el cambio de las Unidades de Gestión, es decir donde realizaban sus cuatro horas de contraprestación y que dependían de los movimientos sociales, a los municipios y gobernaciones.

Sergio Massa, el flamante ministro de Economía, y quien no tiene buena relación con los dirigentes de la economía popular, retomó la sugerencia de CFK y, el mismo día de su jura en reemplazo de Silvina Batakis, dijo que se auditarían los planes sociales.

Tras cartón, el viernes pasado, intendentes y representantes de diferentes municipios del conurbano bonaerense se reunieron con el ministro de Desarrollo Social de la Nación para dar su respaldo al proceso de auditoría.

En esta movida, iniciada por Cristina de Kirchner, continuada por Massa y que implementará Zabaleta, es interpretada como una represalia por la decisión de jugar en las próximas elecciones en territorio de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires y de La Cámpora, la agrupación política que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner.

En una carta pública, los referente del Evita no dejaron dudas sobre la construcción del espacio político que desplegarían a lo largo y ancho del país.

“Desde el Movimiento Evita creemos que el peronismo debe ser la estrategia política de los trabajadores y las trabajadoras del presente. Ese trabajo es el asalariado público y privado, son los autónomos, son la economía popular, etc. Negando la realidad del trabajo en el presente nos negamos la posibilidad de construir un futuro para todos y todas. Bienvenido el debate al Frente de Todos, porque lo único que debe preocuparnos es cómo construimos un proyecto de país con justicia social. Sin la economía popular eso es totalmente imposible”. Y adelantaron: “Por eso vamos a convocar a todos los movimientos populares a construir un espacio político, social y cultural que discuta el modelo de país para enfrentar la concentración económica y superar los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

En ese comunicado, la cúpula de la organización, integrada por los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, apuntaron contra las declaraciones de CFK: “Lamentamos que parte de la dirigencia política sea incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI. Es más fácil pelear con quienes la expresamos, que escuchar y reflexionar acerca de cómo resolver los problemas de los que peor están”.

El potente texto lleva la firma, además de Pérsico y Navarro, de Gildo Onorato, el secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Mariel Fernández la intendenta de Moreno; la diputada provincial Patricia “Colo” Cubría; el diputado nacional Leonardo Grosso y Juan Manuel Abal Medina, el ex jefe de Gabinete de Cristina de Kirchner entre el 10 de diciembre de 2011 y el 20 de noviembre de 2013.

Infobae consultó a cuatro dirigentes del Evita. Cada uno de ellos reforzó el contenido del comunicado y precisaron que en 2023 participarán “de las elecciones PASO como lo habilita la ley electoral, ni más ni menos que eso” y recordaron que Alberto Fernández “habló sobre la necesidad de hacer una gran PASO en 2023, en la que él se vería como uno de los posibles candidatos”. En caso de no suceder esto, el Movimiento Evita estaría dispuesto, desde ese espacio político, a competir en internas “contra cualquier candidato kirchnerista, incluso contra Cristina, si es que ella decide postularse”.

Los dirigentes populares hasta aquí mencionados están alineados, sin fisuras con la figura del Presidente. Y el primer mandatarios los tiene entre sus principales aliados.

Fernández, a diferencia de Kirchner, de Massa y de Zabaleta, no mencionó las auditorias ni aventó la posibilidad que se estuviesen cometiendo irregularidades en la administración de los planes sociales. Al contrario. Los apoyó públicamente y, tomó una decisión que no pasó desapercibida entre los dirigentes populares.

Es más, Alberto Fernández decidió quitarle el manejo a Massa del estratégico Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que maneja un presupuesto de unos 2.500 millones de pesos y se encarga de administrar las cooperativas y mutuales, deje de depender de Desarrollo Productivo, que terminó como una secretaria en el organigrama del ministerio de Economía y lo pasó la Jefatura de Gabinete. El INAES, además, esta conducido por un dirigente del Movimiento Evita, el sociólogo Frances Alexandre Roig.

Días después, por decisión del propio Presidente, el Evita volvió a ganar terreno en el organigrama político de la Casa Rosada al nombrar al frente de la secretaría de Desarrollo Comunitario y Relaciones con la Sociedad Civil, a Fernando “Chino” Navarro, uno de los líderes del Evita. Bajo esa área, queda el INAES.

Navarro ocupaba la secretaría de Relaciones Parlamentarias, que está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Esa secretaría será absorbida por la Vicejefatura de Gabinete, que quedó a cargo de Juan Manuel Olmos, un hombre de extrema confianza del Presidente.

Como se puede observar, mientras algunos funcionarios intentan esmerilar ante la opinión pública la trasparencia de la administración de los planes sociales y hasta de tratar de “vagos” a los dirigentes sociales; el primer mandatario, refuerza su alianza de gobierno con ellos, de cara a un 2023 que parece lejano, pero en el que todos piensan y actúan en consecuencia.