Víctimas piden transparencia: exigencia a la Iglesia tras fallo histórico en Colombia

12:33 | Jueves 26 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El pasado 27 de mayo de 2025, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que la Iglesia católica debe desclasificar y entregar la totalidad de sus archivos relacionados con denuncias de abusos sexuales contra menores. Hasta ese momento, las diócesis habían proporcionado únicamente el 13 % de la información solicitada, cifra que permitió identificar a más de 600 sacerdotes, aunque se estima que podrían ser hasta 5 000 implicados.

Los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, principales promotores de las acciones de tutela, consideraron la sentencia un avance decisivo para “cumplir la función social del periodismo” y para revelar la dimensión del problema al que se enfrenta la Iglesia en Colombia.

Entre los testimonios que respaldan este reclamo están los de Fidel Mauricio Ramírez y Natalia Restrepo, víctimas que denunciaron abusos cometidos en su adolescencia. Ramírez relató que, a sus 14 años, fue víctima de un sacerdote que lo embriagó y violó, afirmando: “A mí me falló la Iglesia, me falló mi familia, me falló la justicia”.

Por su parte, Restrepo, agredida a los 14 años, denunció que sufrió presiones para abortar por parte del sacerdote agresor, quien luego llegó a ser investigado por la Fiscalía. Ambas voces destacan que, pese al daño psicológico sufrido —incluidos episodios de depresión, angustia y sueños traumáticos—, mantienen la esperanza de obtener no solo una respuesta judicial, sino también una reparación ética y social.

La Iglesia, en defensa, ha argumentado que ciertos registros no pueden hacerse públicos por proteger la memoria de clérigos fallecidos y por respeto a normas como el secreto pontificio. Sin embargo, las víctimas rechazan esos argumentos y consideran este tipo de argumentos como encubrimiento sistemático.

Con este fallo, la Iglesia tendrá que entregar los archivos completos correspondientes a los 137 derechos de petición presentados desde 2023. Asimismo, la Corte instó a la Fiscalía a responder en un plazo máximo de 48 horas sobre 86 procesos penales activos vinculados a abuso clerical entre 1992 y 2021.

Las autoridades y organismos de derechos humanos defienden que este proceso no solo busca evitar nuevos abusos, sino también fomentar la responsabilidad institucional, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la implementación de medidas de prevención y formación dentro del clero.