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La ley beneficiará a uniformados procesados o condenados por delitos cometidos entre 1980 y 2000 durante el conflicto armado interno. Organismos de derechos humanos advierten sobre el riesgo de impunidad.
Jueves 10 de Julio de 2025
13:01 | Jueves 10 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Congreso de Perú aprobó una ley que concede amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que azotó al país entre 1980 y 2000. La medida fue ratificada en segunda votación por la Comisión Permanente, con 16 votos a favor y 11 en contra, y ahora espera la promulgación por parte de la presidenta Dina Boluarte.
La ley contempla dos tipos de beneficios:
Los impulsores de la norma, como el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y el militar retirado Jorge Montoya (Honor y Democracia), argumentan que se busca terminar con procesos judiciales que llevan más de tres décadas y permitir que los acusados “vivan tranquilos el resto de sus vidas”.
Sin embargo, la aprobación generó una fuerte reacción de organismos de derechos humanos, que alertan sobre el impacto en la búsqueda de justicia y verdad. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que la ley “agiganta el delito” y podría dejar impunes más de 600 procesos judiciales por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. Amnistía Internacional también se pronunció en contra, señalando que se vulnera el derecho de las víctimas a la justicia y se sienta un precedente peligroso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había instado previamente al Estado peruano a abstenerse de aprobar amnistías por graves violaciones a los derechos humanos. En agosto de 2024, Perú ya había aprobado una ley que declaraba prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, beneficiando al fallecido expresidente Alberto Fujimori y a cientos de militares procesados.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado dejó más de 70.000 muertos y más de 4.000 fosas clandestinas en todo el país. La nueva ley reabre el debate sobre memoria, justicia y reconciliación, en un país que aún lidia con las heridas de su pasado violento.
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