La jueza Sandra Arroyo Salgado, además, les dictó un embargo de 5 millones de pesos.
15:33 | Sábado 19 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La jueza Sandra Arroyo Salgado procesó a Alesia Abaigar y Eva Mieri en la causa que las investiga por el escrache a la casa del diputado libertario José Luis Espert, donde se arrojó materia fecal. La magistrada, además, les dictó un embargo de 5 millones de pesos. La resolución judicial también alcanzó a Iván Díaz Bianchi, empleado administrativo del Hospital provincial Cetrángolo de Vicente López.
Según la jueza, tanto la funcionaria del gobierno bonaerense como la concejala de Quilmes “formaron parte, en carácter de organizadoras, de una agrupación que tenía por finalidad condicionar la actuación presente y/o futura del diputado”. Los tres procesados fueron acusados, en calidad de coautores, de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio por motivos políticos.
Arroyo Salgado consideró que Abaigar y Mieri fueron “quienes organizaron y planificaron las acciones, cobrando especial relevancia que estamos hablando de dos funcionarias que obraron contrariamente a lo que demandan sus investiduras".
En su resolución, la jueza detalló: “De las conversaciones obtenidas del teléfono de Abaigar puede observarse con claridad que la nombrada (por Abaigar) resultó ser quien, junto con Eva Mieri se encargaba de organizar el acontecimiento delictivo, como así también de reclutar a personas para que participen, brindando las correspondientes indicaciones de vestimenta, horario y lugar, logística e, incluso refiriendo que prefieren que sean compañeras mujeres (...) Incluso (Abaigar) ofrece a Iván Díaz Bianchi, pagarle los gastos de traslado a fin de que participe".
Por otra parte, la resolución judicial decretó el sobreseimiento de Eva Pietravallo, madre de Abaigar, y de Alberto Protti, expareja de la funcionaria bonaerense. Asimismo, se dictó la falta de mérito para Aldana Muzzio y Candelaria Montes Cato.
Finalmente, la jueza Arroyo Salgado dispuso el levantamiento del secreto del sumario que regía desde el inicio de la investigación.
