Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se encamina a enfrentar un juicio, pero todo el proceso despierta preocupación de que el poder judicial se haya extralimitado
16:20 | Sábado 30 de Agosto de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Brasil juzgará la próxima semana al expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a décadas de prisión.
Muchos brasileños ven este momento como un triunfo de la democracia.
Brasil, que salió de una brutal dictadura hace solo 40 años, habrá logrado algo que Estados Unidos no pudo: llevar a juicio a un expresidente acusado de cargos penales por intentar aferrarse al poder tras perder unas elecciones.
Sin embargo, el modo en que Brasil lo hizo ha dejado al país lidiando con preguntas incómodas sobre la misma democracia que trató de proteger.
Estas preguntas comienzan con el Supremo Tribunal de Brasil.
En los últimos seis años, el tribunal se ha dotado a sí mismo de nuevos poderes extraordinarios para hacer frente a lo que consideraba una enorme amenaza planteada por Bolsonaro y sus ataques a las instituciones. Por primera vez, el tribunal podía iniciar y dirigir sus propias investigaciones, incluso cuando la víctima era el propio tribunal.
Para llevar a cabo esa nueva autoridad y perseguir a Bolsonaro, el tribunal facultó a un magistrado de carácter enérgico, Alexandre de Moraes.
El expresidente Jair Bolsonaro y el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes (Photo by Evaristo SA / AFP)
El expresidente Jair Bolsonaro y el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes (Photo by Evaristo SA / AFP)
EVARISTO SA - AFP
Durante el tiempo que Bolsonaro estuvo al frente del país, de 2019 a 2022, el presidente y sus partidarios amenazaron a los jueces, cuestionaron las elecciones, lanzaron la idea de un golpe militar y desataron una ola de falsedades que se difundieron por internet.
En respuesta, el juez Moraes ordenó redadas, censuró cuentas en línea, bloqueó redes sociales y, en algunos casos, encarceló a personas sin juicio previo.
Esos esfuerzos dieron como resultado una transferenciad e poder exitosa, a pesar de la negativa de Bolsonaro a admitir que fue derrotado, y ahora el rápido procesamiento del expresidente y sus aliados.
Pero también ha planteado una cuestión complicada: ¿Se trata de un giro peligroso y autoritario del más alto tribunal de Brasil? ¿O se trata de una democracia imperfecta que intenta por todos los medios hacer frente a una amenaza autoritaria en la era de internet?
08/01/2023 Miles de seguidores del exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro, que defienden un golpe de estado para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, invadieron hoy el Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), en Brasilia, prácticamente sin resistencia de la policía de la capital federal. POLITICA Télam
08/01/2023 Miles de seguidores del exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro, que defienden un golpe de estado para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, invadieron hoy el Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), en Brasilia, prácticamente sin resistencia de la policía de la capital federal. POLITICA Télam
“¿Cómo reaccionó el tribunal? Con varios desaciertos, con una serie de errores”, dijo Walter Maierovitch, jurista y juez jubilado del Tribunal de Justicia de San Pablo. “Estos errores no borran ni justifican el intento de golpe. Pero no deben repetirse”.
Durante años, Brasil había lidiado con este debate por su cuenta. Entonces, el mes pasado, el presidente Donald Trump intervino.
En una acción sorprendente, Trump envió una carta al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que exigía que se retiraran los cargos contra Bolsonaro. Calificó el caso de “cacería de brujas” y dijo que se veía a sí mismo en Bolsonaro: un líder inconformista perseguido políticamente por el “Estado Profundo”. Desde entonces, ha lanzado una ofensiva múltiple de aranceles elevados, una investigaciones comercial y sanciones severas contra Moraes.
Al parecer, estas medidas solo han endurecido la determinación del gobierno y del poder judicial brasileños.
“El proceso debe desarrollarse libremente, sin interferencias políticas”, nos dijo el mes pasado en una entrevista el presidente de Brasil, Lula. “Puedo asegurarle que Alexandre de Moraes es una persona seria”, añadió. “Confío plenamente en que el poder judicial haga su trabajo.
De Moraes, quien declinó ser entrevistado para este artículo, lleva mucho tiempo señalando el apoyo de sus colegas del Supremo Tribunal en muchas de sus sentencias. Preside el juicio de Bolsonaro y, en las últimas semanas, ha prometido mantener el rumbo.
“No existe la más mínima posibilidad de retroceder ni un milímetro”, declaró este mes a The Washington Post.
Gilmar Mendes, el juez más antiguo de la Corte Suprema, dijo en una entrevista el jueves que las críticas deberían dirigirse a Bolsonaro y a sus aliados, no a la Corte.
“¿Dicen que somos nosotros los que abusamos de nuestro poder?”, dijo. “Si nos hubiéramos acobardado y no hubiéramos actuado, probablemente habrían clausurado” el organismo electoral de Brasil.
A finales del año pasado, algunos funcionarios, juristas y abogados constitucionalistas brasileños expresaron su preocupación por la falta de rendición de cuentas de Moraes, que se había negado a ceder sus poderes ampliados a pesar de que Bolsonaro llevaba dos años fuera del poder.
Pero ahora el gobierno brasileño y el Supremo Tribunal han vinculado plenamente la democracia del país a Moraes.
El 30 de julio, Estados Unidos sancionó a Moraes, al acusarlo de “una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesamientos politizados”. En respuesta, el Supremo Tribunal de Brasil respaldó a Moraes y sus decisiones. El mismo día, Lula invitó a los jueces a cenar en el palacio presidencial en señal de apoyo.
La semana pasada, otro magistrado del Supremo Tribunal dictaminó que las medidas extranjeras no pueden aplicarse en Brasil sin la aprobación del alto tribunal, una decisión que se considera un intento de proteger a Moraes de las sanciones económicas.
Tal vez lo más significativo sea que el presidente del Senado de Brasil, la institución encargada de exigir responsabilidades al Supremo Tribunal, dijo que no votaría la destitución de Moraes, a pesar de que sus compañeros senadores afirman tener votos suficientes para destituirlo.
Los brasileños parecen divididos. Alrededor del 46 % apoya la destitución de De Moraes, mientras que el 43 % se opone a la medida, según una encuesta realizada este mes por Quaest, empresa brasileña de sondeos. La misma encuesta reveló que el 52 % de los brasileños cree que Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado, frente al 36 % que no lo cree.
El 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, la derecha brasileña planea protestas masivas para pedir la destitución de Moraes y denunciar el procesamiento de Bolsonaro.
Pero en Brasilia, la capital del país, la condena de Bolsonaro tiene un aire de inevitabilidad.
Las pruebas contra el expresidente, recopiladas por la policía durante casi dos años, son numerosas. Él mismo ha dicho que analizó formas de aferrarse al poder, al tiempo que subrayaba que todas las opciones que barajaba eran medidas previstas en la Constitución del país.
Para declarar culpable a Bolsonaro, tres de los cinco magistrados del Supremo Tribunal que supervisan su juicio deben votar a favor de la condena. Esto se considera muy probable, ya que el tribunal incluye a Moraes, a otro juez que es el exministro de Justicia de Lula y a un tercero que es el exabogado personal de Lula.
Más allá del juicio, el Supremo Tribunal de Brasil también debe sopesar si continúa desplegando su enorme poder mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales del próximo año, otra prueba de su proceso electoral en una nación profundamente polarizada y extremadamente digital.
El tribunal podrá ser llamado nuevamente -o podrá asumir la responsabilidad- de actuar como árbitro.
Con las acciones de Bolsonaro, “El Supremo Tribunal se vio obligado a ingresar en un territorio en el que nunca antes había entrado”, dijo Conrado Hübner Mendes, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo.
Pero, añadió, los magistrados no deben permitir que los intereses individuales y la política empañen sus decisiones, justo cuando el tribunal se hace cargo de los debates más cruciales de su nación. “Lo deja institucionalmente frágil”, dijo.
