Causa Vialidad: Casación revisará las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner

Por ahora, Cristina Fernández de Kirchner sigue con tobillera electrónica, un régimen de visitas acotado y el acceso vedado de la terraza de su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Sin embargo, la decisión del magistrado Giménez Uriburu abre la puerta para que el máximo tribunal penal del país revise si dichas restricciones están justificadas.

El 5 de junio pasado, el mismo juez rechazó tres pedidos que habían formulado los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. Los letrados insistieron en que se retirara la tobillera, que se flexibilizara el régimen de visitas y que se levantaran las restricciones sobre el uso de la terraza del edificio. Giménez Uriburu dijo que no a los tres planteos y mantuvo las condiciones vigentes en todos sus términos.

Sobre el régimen de visitas, Beraldi y Llernovoy sostuvieron que la justificación del juez de “preservar la tranquilidad del entorno” carece de base concreta, dado que ningún vecino del edificio presentó queja alguna. También señalaron una contradicción que calificaron de paradójica: un supuesto incumplimiento previo derivó en la instauración de un régimen restrictivo, pero el cumplimiento irreprochable que Fernández de Kirchner lleva más de un año demostrando no produce ningún efecto inverso ni progresión a su favor. Para los defensores, lo anterior viola el principio de progresividad consagrado en la ley de ejecución penal.

Respecto de la tobillera, los abogados de la ex vicepresidenta citaron datos del Consejo de la Magistratura que demostrarían que el uso del dispositivo electrónico es excepcional en la práctica judicial argentina, lo que convierte las condiciones impuestas a su clienta en una situación más severa que la de la amplia mayoría de los condenados que cumplen penas en sus domicilios, al tiempo que descartaron que exista riesgo de fuga que justifique mantener esa medida. En cuanto a la terraza, los defensores cuestionaron que el juez de ejecución no explicó de qué manera el acceso a ese espacio podría perjudicar a los vecinos del edificio.