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La CGT y organizaciones de la Iglesia cuestionaron el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Martes 07 de Julio de 2026
08:55 | Martes 07 de Julio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para modificar la Ley de Tierras abrió un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Javier Milei. Mientras el oficialismo busca reunir los votos para aprobar la iniciativa en el Senado, la Confederación General del Trabajo y distintos organismos de la Iglesia Católica advirtieron que la reforma pone en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales.
El proyecto elimina el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras vigente desde 2011 y establece un nuevo esquema en el que las adquisiciones deberán contar con el aval del gobierno provincial y la autorización del Poder Ejecutivo nacional.
La CGT sostuvo que la iniciativa implica «entregar soberanía» sobre recursos estratégicos como el agua, la tierra, la energía y los minerales. «Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica», afirmó la central obrera en un documento dirigido a los senadores.
En la misma línea se pronunciaron la Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), que cuestionaron tanto la reforma de la Ley de Tierras como los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego. Para las organizaciones eclesiásticas, las modificaciones debilitan la capacidad del Estado para proteger el interés público frente a intereses privados.
La discusión tiene una lectura particular para La Rioja. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, el departamento General Lamadrid posee el 56,7% de su superficie rural en manos extranjeras, uno de los porcentajes más altos del país y muy por encima del límite general establecido por la legislación vigente. Esas situaciones fueron contempladas como preexistentes cuando se sancionó la ley en 2011.
El debate también se produce en un momento en que el gobierno de Ricardo Quintela mantiene una fuerte defensa de los recursos naturales y de la soberanía provincial, especialmente a partir del conflicto limítrofe con San Juan por proyectos de cobre y de la estrategia oficial para ampliar el desarrollo minero riojano.
En el Senado, el oficialismo continúa negociando cambios para conseguir los votos necesarios. Entre las modificaciones analizadas figura mantener la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y otorgar mayor participación a las provincias en el proceso de autorización.
La reunión de Labor Parlamentaria prevista para esta semana será decisiva para determinar si el proyecto finalmente llega al recinto el 16 de julio o si vuelve a postergarse, como ocurrió en tres oportunidades anteriores. La discusión promete convertirse en uno de los principales debates políticos del segundo semestre por su impacto sobre la propiedad de la tierra, la inversión extranjera y el control de recursos considerados estratégicos para el desarrollo del país.
Por: Eduardo German
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