El Gobierno nacional presentó este viernes una apelación contra el fallo que restituía el asueto por el Día del Empleado Público.
11:52 | Sábado 28 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En una nueva escalada entre el Poder Ejecutivo y la Justicia laboral, el Gobierno nacional presentó este viernes una apelación contra el fallo que restituía el asueto por el Día del Empleado Público, previsto para el 27 de junio, pero eliminado por el decreto presidencial en línea con el ajuste estatal.
La decisión fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X (ex Twitter), donde explicó que la jueza que había otorgado la medida “actuó fuera de competencia, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso y aplicó erróneamente la Ley 26.854”. Esta norma regula las medidas cautelares en causas administrativas, y según el Gobierno, fue usada para frenar una decisión legítima del Ejecutivo.
“No podemos aceptar que se distorsione la ley para imponer intereses particulares”, lanzó Adorni, en un claro mensaje a los sectores judiciales y sindicales que habían festejado el fallo como un freno a lo que consideran “arbitrariedades” del plan de recortes libertario.
Cruce entre poderes: la Justicia interviene en una decisión del Ejecutivo
La medida judicial fue celebrada por gremios estatales, quienes calificaron como “inconstitucional” la eliminación del feriado y defendieron su “derecho adquirido” al descanso. Sin embargo, desde el entorno del presidente Javier Milei, remarcaron que la supresión del asueto forma parte de una política de fondo para reducir el gasto público, eliminar privilegios y modernizar la administración.
“El Estado no puede funcionar como un club de beneficios a costa de los contribuyentes”, es la consigna que, sin rodeos, repiten funcionarios del oficialismo.
La Cámara tendrá la última palabra
Ahora, será la Cámara del fuero correspondiente la que deberá analizar si confirma o revoca la cautelar que reinstauró el feriado. La decisión se conocería en los próximos días, en un contexto cada vez más tenso entre el Gobierno y sectores del Poder Judicial que han intervenido en varios puntos conflictivos del plan de reformas estructurales.
Desde Casa Rosada consideran que este tipo de fallos socavan la autoridad presidencial e interfieren en políticas claves de gestión. En tanto, la Justicia y los gremios alertan sobre el avance de decretos que, según ellos, “recortan derechos por la vía administrativa”.
