Tras conocerse el fallo de la justicia de Estados Unidos, el Gobierno decidió seguir su estrategia de defensa antes de entregar el control de la compañía YPF.
16:13 | Lunes 30 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Finalmente, llegó la noticia que el Gobierno no quería escuchar. La jueza Loretta Preska dictaminó que la Argentina debe entregar de manera inmediata, el 51% de las acciones que el Estado nacional posee en la petrolera YPF (hoy aproximadamente con un valor de U$S 6.500 millones), a custodia de los beneficiarios del fallo y como parte de la sentencia en contra del país que la magistrada que dirige el Segundo Distrito Sur de Nueva York, decidió en septiembre de 2023.
Por este fallo, el país le debe pagar al fondo Burford Capital y otros demandantes, unos U$S16.000 millones como piso. La causa fue iniciada en 2015 por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió reestatizar YPF en 2012, sin respetar los derechos de los accionistas minoritarios de la petrolera, y luego que a Repsol se le pagaran unos U$S6.000 millones por el 51% de las acciones renacionalizadas.
Luego del fallo a favor de los fondos demandantes, Argentina apeló la sentencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, situación jurídica en la que se encuentra la causa a la espera de una resolución de ese tribunal de segunda instancia.
Además, los abogados que representan a la Argentina adelantaron también que en el caso que en ese nivel judicial sea desfavorable al país, habrá una nueva apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Fue ante esta situación de apelaciones, que en enero pasado Preska resolvió dar lugar al reclamo de Burford Capital para que se le permita embargar bienes del país en el mundo, con el objetivo de garantizar el pago de la demanda; ante la supuesta mala fama del país como pagador. Ante la negativa de la Argentina de habilitar bienes embargados, Burford pidió a la jueza del Segundo Distrito sur de Nueva York, avanzar sobre las acciones de la petrolera; algo que ahora, finalmente, Preska habilitó esta mañana.
La maniobra legal
Argentina ahora apelará este embargo y, otra vez, será un tema que tendrá que resolver la segunda instancia judicial de Nueva York. Pero difícilmente en este tribunal pueda haber cambios radicales en lo considerado de fondo en el primer juzgado. Así funciona la jurisprudencia de los Estados Unidos. Y difícilmente una acción legal desde Argentina pueda modificar la decisión.
De todas maneras, y aunque quisiera, el gobierno de Javier Milei no podría entregar las acciones de YPF, ya que necesitaría una autorización del Congreso Nacional para avanzar en una decisión semejante. Algo que políticamente es un utopía. Pensar que la entrega de las acciones podría ser aprobada por el Poder Legislativo según la composición actual es, simplemente, imposible.
Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales.
YPF cotiza en Wall Street, un hecho voluntario que obliga a respetar, en primera instancia, las leyes de Estados Unidos.
Ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario. En consecuencia, para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol.
Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso, que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.
Antecedentes de la causa YPF
La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio causas con potencial de litigio internacional. Este fondo le adquirió a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazi creó en ese país, pero que al momento de la reestatización ya habían abandonado el proyecto y cuya propiedad había quedado flotando en los tribunales españoles. Ya conocidos los fallos, se confirmó tanto en la justicia de los Estados Unidos como en Buenos Aires, que el grupo financiero quedó fuera del litigio. Y, obviamente, dejó de ser parte de la trifulca.
Burford, luego de comprarle el caso a la justicia de Madrid donde estaba radicada la causa por ser la residencia legal de Repsol- YPF, mudó sus intereses a Nueva York. Precisamente, al mismo tribunal en el que la Argentina litigaba contra los fondos buitre: el de Thomas Griessa. Sabía Burford que el juez norteamericano le haría un lugar al reclamo, ante el malhumor generalizado que en 2013 tenía Griessa contra el país por la batalla que el kirchnerismo hacía en ese juzgado por la demanda contra los fondos buitre.
La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la petrolera, sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada por Carlos Menem. Allí el país se comprometía ante Wall Street, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina, obligaba a hacer una oferta similar o superior por el total las acciones remanentes. Durante la reestatización, el gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. Tampoco el Congreso, que aprobó la compra de solo el 51% de las acciones.
Qué es Burford
Burford no es en realidad un fondo de inversiones o directamente un fondo buitre al estilo Elliott o Dart, sino que se trata de un sofisticado bufete de abogados con sede en Londres y cotizante en la Bolsa de esa ciudad. Se dedica a comprar juicios con altas posibilidades de éxito, pero con una larga demora en el tiempo para su resolución. La clave del negocio es que la adquisición de una causa no la hace con capitales propios, sino con inversores que confían en su experiencia y aportan un puñado de capitales en una acción legal determinada y en cualquier mercado del mundo. Además de su sede en Londres, tiene otras sucursales en varios países como Estados Unidos y Singapur. Con el tiempo, los accionistas que acompañan una causa pueden, a su vez, vender esos papeles o comprar una porción mayor. También pueden figurar como socios, los tenedores originales de las acciones damnificadas y simplemente vender una parte de la causa global. Burford lo que hace luego es administrar la venta y compra de esas acciones.
En el caso de YPF, se sabe que sus socios tuvieron movimientos múltiples durante todos estos años. Burford vendió en junio de 2017 el 15% de la causa en US$440 millones, luego de haber comprado todo el paquete por menos de US$30 millones a la Justicia española. ¿Quién puede ser ese tercer actor que adquirió ese porcentaje? El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre, o cualquier persona o holdout que haya sido demandante al país en el “juicio del siglo” cerrado en 2016. O incluso pude ser un ex o actual accionista de la empresa. O incluso una persona particular.
Se trata en realidad de algo habitual en Burford, un fondo que no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertise son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.
Siempre hay accionistas de la causa que capitalizaron y pueden elegir vender y capitalizar. Y, obviamente, otros quieren entrar. Para juntar las partes, Burford realizó la tarea de trader y administrador y garantiza el secreto de los participantes.
