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Un grupo de visitantes bonaerenses fue sancionado con más de dos millones de pesos por pintar rocas en una zona protegida. La Justicia actuó de oficio tras la viralización del hecho.
Jueves 31 de Julio de 2025
10:15 | Jueves 31 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La Justicia contravencional de Mendoza aplicó una multa superior a los dos millones de pesos a un grupo de turistas provenientes de la provincia de Buenos Aires, quienes fueron filmados mientras realizaban pintadas con aerosol sobre rocas en el paisaje natural de Potrerillos. El hecho, ocurrido sobre la Ruta Nacional 7 —vía de alta montaña que conecta Mendoza con Chile—, generó un fuerte repudio social y motivó la intervención judicial.
El episodio fue registrado por otro automovilista que circulaba por la zona, quien increpó a los autores mientras escribían sus nombres —“Stela, Grachu, Gui, Mari y Moni”— sobre las piedras. “¿Cómo vas a hacer eso, viejo? Te voy a escrachar en todos lados”, se escucha decir en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales.
La jueza contravencional Viviana Fernández tomó intervención de oficio, citando el artículo 138 del Código Contravencional de Mendoza, que sanciona las “degradaciones ambientales no autorizadas en zonas protegidas de la montaña mendocina”. La multa impuesta equivale al costo de las tareas de limpieza realizadas por una fundación local dedicada a erradicar pintadas vandálicas y recolectar residuos en áreas de difícil acceso.
Durante una audiencia virtual, tres de los cuatro imputados se presentaron desde un juzgado en Pehuajó y ofrecieron disculpas públicas al pueblo mendocino, a la provincia y a los habitantes de Potrerillos. Manifestaron su arrepentimiento y se comprometieron a acatar la decisión judicial. Uno de ellos alegó desconocer que estaba prohibido realizar ese tipo de intervenciones en el entorno natural.
La identificación de los responsables se logró mediante tecnología de reconocimiento facial, habitualmente utilizada en investigaciones penales. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo la viralización de contenidos puede acelerar la respuesta judicial ante conductas que atentan contra el patrimonio ambiental.
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