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La defensa de Bolsonaro pedirá la prisión domiciliaria del ex presidente y sus hijos repudiaron al Supremo Tribunal

El ex mandatario brasileño fue declarado culpable de haber atentado contra el orden democrático por la Primera Sala de la Corte Suprema, en un fallo que concluyó con cuatro votos contra uno

Jueves 11 de Septiembre de 2025

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21:10 | Jueves 11 de Septiembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La defensa del ex presidente Jair Bolsonaro pedirá mantener la prisión domiciliaria tras ser declarado culpable este jueves de haber atentado contra el orden democrático por la Primera Sala de la Corte Suprema. El anuncio llegó en paralelo a un endurecimiento del discurso de sus hijos, que acusaron al máximo tribunal de actuar con motivaciones políticas.
 
La expectativa era alta: la Primera Sala del STF ya había alcanzado la mayoría para condenar a Bolsonaro y otros siete acusados, aunque aún restaba que los últimos ministros completaran sus votos y definieran el alcance final de la sentencia. El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, antiguo abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
 
“Evidentemente, el presidente Bolsonaro tiene una situación de salud muy delicada”, dijo a periodistas Paulo da Cunha Bueno, abogado del ex mandatario, al ingresar en la sede del tribunal. “No voy a anticipar lo que ocurrirá porque no tenemos el resultado del juicio, pero esto podrá ser llevado a la mesa en algún momento, sí”.
 
El ex presidente ya cumple arresto domiciliario desde el 4 de agosto, bajo control de tobillera electrónica y con restricciones de movimiento y de contacto con otros investigados.
 
Los hijos de Bolsonaro redoblaron sus críticas contra el tribunal. Flavio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, cuestionó en la red social X el voto de a la magistrada del Supremo Carmen Lucia, quien consolidó la mayoría para la condena.
 
El senador Flavio Bolsonaro, hijo
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, asiste a una conferencia de prensa durante la fase final del juicio a su padre, acusado de planear un golpe de Estado para revocar las elecciones de 2022, en el Senado Federal, en Brasilia, Brasil, el 9 de septiembre de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)
“Carmen Lucia no individualiza una única conducta de nadie, no cita una prueba de absolutamente nada. Personas que no se conocen y nunca se hablaron pasaron a integrar una organización criminal. Discurso viró prueba de premeditación. Narrativas virarán fundamento jurídico”, escribió en la red social.
 
Eduardo Bolsonaro, diputado federal, fue más allá y atacó directamente al ministro Alexandre de Moraes: “Moraes es un criminal vestido de toga, que usa la Justicia como medio de tortura, amenaza y persecución política”.
 
El tribunal analizó cinco delitos imputados por la Procuraduría General de la República: organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado contra patrimonio de la Unión y deterioro de bienes declarados patrimonio histórico.
 
Tras confirmarse la condena contra Bolsonaro, queda por definirse la pena, que en conjunto podría superar los 40 años de prisión. La defensa confía en que, por el estado de salud del ex mandatario y la naturaleza de los cargos, el tribunal autorice que la sentencia se cumpla en régimen domiciliario.
 
Las pruebas contra Bolsonaro
La jueza Carmen Lucia asiste
La jueza Carmen Lucia asiste a una sesión durante la fase final del juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acusado de conspirar para un golpe de Estado para revocar las elecciones de 2022, en Brasilia, Brasil, el 11 de septiembre de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)
El proceso judicial se apoyó en un extenso informe de la Policía Federal, divulgado en febrero, que cita a Bolsonaro en más de 500 ocasiones y lo describe como quien “planificó, actuó y tuvo el control de forma directa y efectiva” sobre actos de la organización que buscaba impedir la transferencia del poder a Luiz Inácio Lula da Silva.
 
Ese documento detalla reuniones en las que se discutieron medidas para desacreditar el sistema electoral, presionar a las Fuerzas Armadas y manipular a la opinión pública. Entre las pruebas más significativas figura un video hallado en la computadora del ex ayudante presidencial Mauro Cid, que registró una reunión del 5 de julio de 2022 en la que Bolsonaro y sus ministros discutieron cómo subvertir el proceso democrático.
 
La llamada Operación Tempus Veritatis, desencadenada a partir de esas pruebas, expuso un entramado en el que participaron militares, asesores cercanos y aliados políticos del entonces presidente. Los investigadores señalan que hubo división de tareas: desde el uso indebido de agencias de inteligencia hasta la promoción de bloqueos en rutas y manifestaciones violentas frente a cuarteles, todo con el objetivo de crear un ambiente de ingobernabilidad. El juez Alexandre de Moraes sostuvo que esas acciones configuraron actos preparatorios de un golpe en curso.
 
El juez Luiz Fux discrepó con esa visión. En su voto, defendió la absolución de la mayoría de acusados al considerar que no hay pruebas suficientes de que se hubieran dado pasos concretos para abolir el Estado de derecho.
 
Fux advirtió que los discursos conspiratorios y los gestos políticos no bastan para tipificar un intento real de golpe sin que existan actos ejecutorios inmediatos. En su voto, defendió que la retórica agresiva por sí sola no constituye prueba suficiente de un plan de ruptura institucional.
 
El juez de la Corte
El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, la jueza Carmen Lucia, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Luiz Fux, el juez Flavio Dino y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Cristiano Zanin, asisten a una sesión durante la fase final del juicio al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusado de planear un golpe de Estado para revocar las elecciones de 2022, en Brasilia, Brasil, el 11 de septiembre de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)
Esa interpretación, sin embargo, contrastó con la posición de la mayoría. Para los demás jueces, los sucesos posteriores —como la tentativa de ocupación violenta de las sedes de los poderes del Estado el 8 de enero de 2023— sí configuraron actos ejecutorios que daban sustento a la acusación. Así, la disidencia de Fux quedó aislada tras el voto de Zanin y Lucia, que coincidió con Moraes y Flavio Dino en condenar a los imputados.
 
La estrategia de la familia Bolsonaro combina la defensa legal con un discurso político hacia su base electoral. Los hijos buscan presentar el juicio como un “teatro”, en palabras de Eduardo, y alimentar la narrativa de que el STF actúa como brazo de persecución ideológica.
 
Los ataques contra Moraes y Dino —a quienes calificaron de “cómplices” y “tiranos”— buscan reforzar esa percepción en un electorado que aún respalda al ex presidente pese a su caída en desgracia.
 
Bolsonaro será operado
FOTO DE ARCHIVO: El expresidente
FOTO DE ARCHIVO: El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale de su casa luego de un allanamiento, en Brasilia, Brasil, el 3 de mayo de 2023 (REUTERS/Adriano Machado/Foto de archivo)
En paralelo, Bolsonaro atraviesa un frente personal: el próximo domingo deberá someterse a una cirugía menor para remover lesiones en la piel, autorizada por el propio Moraes. Será trasladado bajo fuerte esquema de seguridad, desde su residencia en Brasilia hasta un hospital privado, en compañía de su esposa Michelle y de su hijo Carlos.
 
El procedimiento, según los médicos, no requiere internación y prevé alta el mismo día. Aun así, el tribunal dispuso que sus abogados entreguen un informe médico detallado dentro de las 48 horas posteriores.
 
El juicio ocurre en un país aún marcado por la polarización tras las elecciones de 2022. Magistrados y fiscales consideran que las pruebas establecen un plan organizado para socavar la democracia. La defensa, en cambio, insiste en que lo que se persigue es criminalizar discursos políticos y forzar una narrativa de conspiración. El veredicto ya se emitió: Jair Bolsonaro fue condenado por cargos de golpe de Estado y otros delitos.
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