Al menos siete núcleos familiares fueron detenidos en redadas recientes, denuncia una red ciudadana que monitorea las violaciones a los derechos humanos en el país
09:35 | Sábado 04 de Octubre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cruzado un umbral en sus métodos represivos. Ahora las redadas alcanzan a familias enteras. Hombres, mujeres, hijos, cuñados y hermanos son arrestados en simultáneo, sin orden judicial, sin explicación y, en la mayoría de los casos, desaparecidos sin dejar rastro.
El Monitoreo Azul y Blanco, un observatorio ciudadano que documenta violaciones de derechos humanos, ha registrado al menos siete núcleos familiares apresados, cinco de ellos capturados entre julio y agosto de 2025.
“Ahora encarcelaron a familias enteras de una sola vez, y por eso lo resaltamos en el informe”, explica Claudia Pineda, vocera del Monitoreo Azul y Blanco. “La captura de familias completas genera un mayor nivel de temor en la ciudadanía. Realmente, sentido no tiene. Puede ser que luego los acusen de conspiración o de algo parecido, para justificar que apresaron a un grupo entero, pero no sabemos qué va a pasar. Solo podemos intuir razones, porque información oficial no tenemos”.
El régimen de Ortega y Murillo ya había encarcelado a parientes de perseguidos políticos con el propósito de forzarlos a entregarse a cambio de la libertad de sus seres queridos. Esta práctica, que convierte a los familiares en rehenes del poder, forma parte de un patrón común en regímenes autoritarios, como Corea del Norte, China o Eritrea, entre otros, donde la culpa se extiende por sangre y no por actos individuales.
El coronel en retiro Carlos
El coronel en retiro Carlos Brenes Sánchez, detenido junto a su esposa Salvadora Martínez.
La familia Brenes Martínez
El coronel en retiro del Ejército Popular Sandinista, Carlos Brenes Sánchez, y su esposa Salvadora Martínez, fueron capturados el 15 de agosto en su finca entre Masatepe y Jinotepe.
El operativo se realizó sin orden judicial. Policías y paramilitares rodearon la propiedad, irrumpieron y se llevaron a la pareja sin dar explicación a sus familiares. Desde ese día, ambos permanecen en condición de desaparición forzada.
Brenes, de 70 años, es una figura histórica del sandinismo. Combatiente de la insurrección de Masaya en 1978-1979, jefe militar del Frente Interno, se retiró del Ejército en 1994 con el grado de coronel. Posteriormente fue fundador y coordinador del Grupo Patriótico de Militares Retirados, que cuestionaba el rumbo autoritario de Ortega.
Ya había sido capturado en agosto de 2018, en la frontera de Peñas Blancas, acusado de “terrorismo” tras las protestas sociales. Pasó casi un año en prisión hasta que fue excarcelado en junio de 2019 gracias a una amnistía.
La captura de 2025 ocurrió en redadas simultáneas en Carazo, Masaya, Granada y Rivas, en las que fueron detenidos otros 22 ciudadanos: excarcelados políticos, opositores, artistas, líderes comunitarios y empresarios.
El pastor evangélico Rudy Palacios
El pastor evangélico Rudy Palacios fue capturado junto a otros cuatro miembros de su familia. (Foto cortesía)
La familia Palacios
El pastor evangélico Rudy Palacios Vargas, de 54 años, fue detenido junto a cuatro de sus familiares la noche del 17 de julio de 2025. El operativo ocurrió en Carazo, sin orden judicial.
Fueron capturados junto con Palacios sus hermanas Jéssica (46) y Arely Palacios Vargas (57), y los esposos de ambas, Pedro José López y Armando Bermúdez, respectivamente.
Desde la captura de los Palacios Vargas no se sabe de ellos. Otros familiares los buscaron en Jinotepe, en la cárcel El Chipote y en el Distrito III de Managua, pero en ninguna estación policial se les dio respuesta.
La situación es especialmente crítica por la salud de Rudy y su hermana Jéssica, ambos sobrevivientes de cáncer. Ella fue operada en 2024 y necesita controles médicos constantes. Ninguno ha recibido atención.
El pastor había sido objeto de asedio desde 2018. En 2021 fue detenido por unas horas, y en los últimos dos años sufrió una vigilancia permanente, con interrogatorios semanales. En Carazo, donde presidía el Partido Restauración Democrática, se le impuso un régimen no escrito de “casa por cárcel” y “ciudad por cárcel”.
Álvaro Baltodano Monroy yÁlvaro Baltodano
Álvaro Baltodano Monroy yÁlvaro Baltodano Cantarero, hijo y padre, respectivamente, apresados por el régimen de Ortega.
La familia Baltodano
El general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, de 71 años, fue detenido el 14 de mayo en su finca “Los Milagros”, en Matagalpa. Agentes encubiertos de la Dirección de Auxilio Judicial lo sacaron de madrugada.
Un mes después fue condenado en una audiencia virtual, sin expediente público ni derecho a defensa. La sentencia: 20 años de cárcel y la confiscación de sus bienes. Desde su captura, permanece sin contacto con familiares ni abogados.
Baltodano no era opositor. Fue guerrillero en el Frente Norte, jefe de la insurrección en Matagalpa, operador económico de Ortega y enlace con el sector privado durante años. Su caída se interpretó como parte de las purgas internas promovidas por Rosario Murillo.
La represión no se detuvo en Baltodano Cantarero. El 21 de julio de 2025, su hijo Álvaro Baltodano Monroy fue detenido en un retén policial en la carretera Nandaime-Rivas, cuando viajaba hacia Managua. Desde entonces, también está desaparecido.
Mauricio Alonso Petri y Mauricio
Mauricio Alonso Petri y Mauricio Alonso Estrada, padre e hijo, fueron capturados el mismo día. Del hijo no se sabe nada. (Foto cortesía)
La familia Alonso
El 18 de julio de 2025, Mauricio Alonso Petri, de 64 años, fue capturado en Jinotepe junto a su esposa y su hijo. Esa misma madrugada, decenas de opositores fueron detenidos en operativos en Carazo, Masaya, Granada y Rivas.
La esposa fue liberada horas después, pero Petri y su hijo nunca regresaron. Durante 38 días, la familia los buscó en estaciones policiales, hospitales y cárceles. No hubo respuesta oficial.
El 25 de agosto, sin embargo, las autoridades llamaron a sus familiares para que reconocieran su cadáver en el Instituto de Medicina Legal (IML). Alonso Petri murió bajo custodia, tras más de un mes en desaparición forzada. Su hijo sigue sin aparecer.
Alonso Petri era originario de Jinotepe, con vínculos con el Movimiento Renovador Sandinista y cercanía con el mayor en retiro Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica días antes de su captura. Padecía problemas cardíacos y estaba retirado de la política activa.
La versión oficial es que “se sintió mal” y fue llevado al IML, donde supuestamente murió. Organismos de derechos humanos sostienen que fue víctima de tortura y negligencia, y lo califican como crimen de lesa humanidad.
La familia anónima y las familias indígenas
Una quinta familia capturada entre julio y agosto pidió mantener el anonimato, temiendo mayores represalias. Todos sus integrantes fueron arrestados en simultáneo y siguen desaparecidos.
Además, Monitoreo Azul y Blanco documenta dos casos previos, que pertenecen al grupo de guardabosques indígenas capturados y condenados por el régimen: los hermanos Arguello e Ignacio Celso Lino, y la familia conocida como “Los Brunos” que comprenden a los hermanos Donald y Rodrigo Bruno Arcángel, y sus hijos: Evertz, Olvier y Tony.
Según la ambientalista Fundación del Río “los guardabosques indígenas mayagnas fueron detenidos violentamente por defender el bosque de Bosawas”, en el Caribe nicaragüense.
“El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU declaró que su captura fue ilegal, discriminatoria, sin garantías y es parte de una política sistemática de persecución del régimen Ortega Murillo contra defensores del territorio y del bosque”, reclama la organización ambientalista en un comunicado
“Ellos (los indígenas) no están en desaparición forzada, porque fueron acusados y condenados, pero igual deberían contarse como familias presas políticas”, señala Pineda.
Culpabilidad por sangre
En Corea del Norte existe lo que llaman “castigo por asociación” o “culpabilidad por sangre” donde los considerados enemigos del régimen, ya sea por “traición”, por intento de fuga, por expresar críticas o incluso por tener contactos en el extranjero, su familia directa y a veces hasta tres generaciones (padres, hijos, nietos) pueden ser apresados o enviados a campos de prisioneros. Esto incluye esposas, hermanos e hijos pequeños, aunque no hayan cometido ningún delito.
El propósito de esta práctica represiva es disuadir a la disidencia porque el individuo sabe que sus actos pondrán en peligro a toda su familia y extender el miedo a través de comunidades enteras, porque cualquiera puede ser denunciado y con ello arrastrar a sus parientes.
La esposa, hija y el
La esposa, hija y el yerno de Javier Alberto Álvarez Zamora fueron capturados por la Policía cuando no lo encontraron a él en casa. (Foto La Prensa)
Testimonios de desertores y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch confirman que familias enteras han sido desaparecidas tras un arresto político.
La Comisión de Investigación de la ONU sobre Corea del Norte documentó en 2014 que miles de personas estaban en campos de prisioneros políticos (kwanliso), muchas de ellas no por actos propios, sino por lazos familiares. Hay registros de que niños nacen y crecen en esos campos sin haber cometido ningún delito, solo porque sus padres fueron acusados.
Otros países donde se han documentado prácticas similares de represión familiar son China, Eritrea, Siria (durante el régimen de Assad) e Irán.
En Nicaragua, existían antecedentes de “represión familiar” con propósitos extorsivos. La noche del 14 de septiembre de 2022 la policía nicaragüense intentó capturar a Javier Alberto Álvarez Zamora, quien un par de horas antes había cruzado la frontera de su país hacia Costa Rica para pedir protección internacional.
Al no encontrar a Álvarez Zamora en su domicilio, los oficiales detuvieron sin orden judicial a su esposa Jeannine Horvilleur Cuadra y a su hija, Ana Álvarez Horvilleur, y a su yerno, Félix Roiz.
Ese mismo mes, Gabriel Alfonso López, hijo de Andrea Margarita del Carmen, exdirectora de programas de PEN Nicaragua, fue arrestado en Managua la propia Andrea denunció que los policías le dijeron que su hijo solo saldría libre si ella se entregaba.
Según el informe de Monitoreo Azul y Blanco, actualmente hay 33 personas en desaparición forzada tras las redadas de julio y agosto. El concepto implica que los detenidos no han sido presentados ante autoridad judicial, no hay registro oficial de su paradero y sus familiares no tienen acceso a ellos.
