El Gobierno provincial anunció medidas para garantizar la restitución de pensiones por discapacidad suspendidas

05:16 | Martes 16 de Septiembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Ambos funcionarios explicaron que, por instrucción directa del gobernador Ricardo Quintela, el tema se tomó como una cuestión de Estado y como política pública, con el objetivo de asegurar que todas las personas afectadas sean asistidas, acompañadas y, de ser necesario, patrocinadas jurídicamente para recuperar sus derechos.

El esquema de trabajo establece que, ante una notificación de suspensión, las personas deben acudir a las áreas de discapacidad de sus municipios, que enviarán la documentación a Desarrollo Social y a la Dirección de Discapacidad de la provincia. Luego, los expedientes serán derivados a la Fiscalía de Estado para ser distribuidos entre los abogados patrocinantes.

Rodríguez y Goyochea destacaron la articulación entre los ministerios de Desarrollo e Inclusión, Salud, el Consejo Provincial de Discapacidad, los municipios, el Consejo Profesional de Abogados y profesionales particulares, que colaboraron en la presentación de amparos. También agradecieron el acompañamiento de los ministerios públicos de la defensa provincial y federal.

Los funcionarios señalaron que este accionar ya tuvo un efecto expansivo en otras provincias, como Catamarca, Salta, San Juan y La Pampa, cuyos gobiernos consultaron a La Rioja sobre el procedimiento implementado. En todos los casos, las medidas cautelares ordenaron a la Agencia Nacional de Discapacidad suspender las bajas y restituir los beneficios.

De acuerdo con datos oficiales, en La Rioja existen alrededor de 15.000 personas con pensión por discapacidad, de las cuales unas 6.000 habrían recibido intimaciones, mientras que un número aún no determinado ya sufrió la suspensión del beneficio.

Consultados sobre eventuales acciones legales contra el Estado Nacional por abandono de persona, Rodríguez aclaró que por el momento la prioridad es garantizar la restitución de las pensiones. En cuanto a posibles sanciones contra beneficiarios o médicos que certificaron discapacidades sin corresponder, el fiscal sostuvo que hasta ahora no se detectaron casos fehacientes y que se parte de la presunción de buena fe tanto de quienes reciben el beneficio como de los profesionales intervinientes.