Causa AFA: Massa y Zamora, dos políticos mirando a los jueces

14:40 | Lunes 12 de Enero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

 En el laberinto judicial que envuelve a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dos figuras políticas observan con atención y, posiblemente, con preocupación el desarrollo de los acontecimientos: Sergio Massa (excandidato presidencial en 2023 y jefe del Frente Renovador) y Gerardo Zamora (exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional por esa provincia).

Ambos, con trayectorias entrelazadas y fuertemente vinculadas al cristinismo —espacio que hoy tiene a su principal referente, Cristina Fernández de Kirchner, cumpliendo una condena bajo modalidad domiciliaria—, siguen de cerca una causa por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta que salpica a aliados cercanos y amenaza con destapar redes de poder que trascienden el ámbito deportivo.

La investigación, conocida como la “Causa AFA”, se centra en un circuito financiero paralelo que habría administrado cerca de 300 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Según documentación secuestrada en allanamientos recientes, la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni —exdiputado del Frente Renovador y hombre de confianza de Massa—, habría sido la encargada de manejar esos fondos, aplicando comisiones consideradas exorbitantes: un 30%, más un 10% adicional en concepto de logística. Al menos 42 millones de dólares habrían sido derivados a sociedades fantasma radicadas en Miami, de acuerdo con una investigación preliminar realizada en Estados Unidos.

Faroni, quien integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández gracias a su cercanía con Massa, intentó huir a Uruguay en diciembre pasado, pero fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery. Si bien la prohibición de salida del país fue levantada el 31 de diciembre, las denuncias en su contra continúan acumulándose, a partir de la presentación inicial del empresario Guillermo Tofoni, quien expuso el presunto mecanismo de recaudación paralela.

El Gobierno amplió la acusación incorporando el delito de retención indebida de tributos, mientras que la Justicia investiga además el uso de tarjetas corporativas de la AFA para afrontar gastos personales por montos millonarios.

En paralelo, una lujosa mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar —valuada en hasta 20 millones de dólares, equipada con helipuerto y una flota de vehículos de alta gama— es señalada como presuntamente adquirida mediante testaferros y con fondos provenientes del lavado de dinero de la AFA. Esta propiedad desató una fuerte disputa judicial: el juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico de la Capital Federal, rechazó ceder el expediente al juez Adrián González Charvay, de Zárate-Campana, al sostener que el delito principal se habría cometido en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte.

En este contexto, el juez Juan Pablo Salas, de la Cámara Federal de San Martín, concentra un rol clave, ya que deberá definir la competencia jurisdiccional entre Aguinsky y González Charvay. Fuentes sin vínculos con el Poder Judicial bonaerense observan con suspicacia esta jugada procesal.

Para Massa, el avance del expediente representa un golpe indirecto: Faroni, un productor teatral de origen humilde cuyo vertiginoso ascenso económico lo llevó a una ostentación extrema, es considerado un aliado relevante dentro del entramado massista.

El núcleo de las acusaciones vuelve a centrarse en TourProdEnter LLC, firma radicada en Estados Unidos y vinculada tanto a Faroni como a su pareja, Erica Gillette. De acuerdo con el contrato hallado durante los allanamientos de diciembre de 2025, la empresa tenía exclusividad para gestionar los cobros y pagos internacionales de la AFA, incluyendo patrocinios, derechos de transmisión y recaudaciones de partidos amistosos de la Selección Argentina.

El acuerdo, firmado el 9 de diciembre de 2021 por Tapia y por Gillette en representación de la empresa, fijaba comisiones del 30% sobre los ingresos, más un 10% adicional por tareas logísticas, con un plazo de pago de diez días. El contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y prohíbe a la AFA contratar servicios similares con terceros sin autorización expresa.

Por su parte, Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional, mantiene vínculos estrechos con la conducción de la AFA, aunque su rol específico aún no fue formalmente imputado en la causa.

Mientras tanto, la AFA emitió un comunicado en el que rechaza las acusaciones y las califica como parte de una “campaña de difamación”. No obstante, la investigación judicial continúa avanzando: el 2 de febrero declarará Guillermo Tofoni en calidad de testigo, y previamente lo harán pilotos de helicópteros y empleados vinculados a la mansión de Pilar.