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Avanza una cuestión de privilegio contra Diego Molina Gómez por publicaciones sobre el Consejo de la Magistratura

Así lo confirmó la diputada provincial Gabriela Rodríguez en diálogo con Fénix, quien impulsó la presentación y cuestionó las publicaciones realizadas por el legislador libertario tras la aprobación de la nueva ley del Consejo de la Magistratura.

Lunes 22 de Junio de 2026

10:57 | Lunes 22 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La diputada provincial Gabriela Rodríguez se refirió al avance de una cuestión de privilegio contra el legislador Diego Molina Gómez, luego de una serie de publicaciones en redes sociales realizadas tras el tratamiento de la nueva ley del Consejo de la Magistratura.

La legisladora sostuvo que la medida está vinculada con la responsabilidad institucional que tienen los funcionarios públicos y afirmó que “no se puede estar mintiendo, calumniando, injuriando o falseando la realidad, los datos y la Constitución”.

Rodríguez explicó que el conflicto se originó luego de que Molina Gómez cuestionara públicamente la reforma aprobada por la Cámara de Diputados. Según indicó, el legislador difundió afirmaciones que “faltan a la verdad” y que generaron confusión sobre el contenido de la norma. “Si vos como legislador tenés que ser clarito en lo que decís y en lo que hacés”, manifestó.

La diputada también rechazó las acusaciones sobre un supuesto acuerdo entre sectores del oficialismo y la UCR para favorecer determinados intereses dentro del Consejo de la Magistratura. “Habló de un acuerdo entre el radicalismo y el oficialismo, cuestiones totalmente infundadas, mentirosas y falsas”, aseguró.

En ese sentido, defendió el proceso de elaboración de la ley y remarcó que la norma se ajusta a los parámetros establecidos por la Constitución provincial. “Todo lo que dijo son mentiras, porque si usted va a la Constitución va a ver la composición e integración del Consejo de la Magistratura”, expresó.

Rodríguez aclaró que la cuestión de privilegio aún se encuentra en trámite y que el legislador tendrá la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. “Hay distintas sanciones de acuerdo a la gravedad de la conducta, pero primero se debe garantizar el debido proceso”, indicó.