Sin intervención de un juez y con un depósito de 1 millón de dólares como única garantía, la medida abre una función delicada al mercado.
12:37 | Domingo 08 de Noviembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El presidente de Estados Unidos firmó el 12 de agosto un memorando de seguridad nacional autorizando a empresas privadas a atacar redes criminales extranjeras. Esta es una instrucción del presidente a sus agencias que no pasa por el Congreso y crea un programa de empresas seleccionadas para lanzar ciberataques contra organizaciones criminales transnacionales, es decir bandas operando desde el exterior contra ciudadanos estadounidenses.
Cabe aclarar que los delincuentes de hoy no necesitan armas. Estos ingresan en las computadoras de bancos, hospitales y empresas, roban información o bloquean los sistemas y piden un rescate para liberarlos. Los estadounidenses declararon pérdidas por 20.800 millones de dólares en 2025 por esta clase de delitos. El ciberataque ofensivo es la respuesta e incluye el acceso en las computadoras del delincuente para espiarlo, sabotearlo o destruir sus redes. Hasta ahora esa tarea estaba reservada al Estado, pero desde ahora podrá ejecutarla una empresa bajo contrato con el gobierno.
El esquema no es una patente para cazar por cuenta propia, ya que las empresas operarán bajo la supervisión del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Interior, a cargo de la coordinación del programa. El gobierno conserva la selección de los objetivos, pero la intervención de un juez es una ausencia notable en todo el circuito. Desde la designación del blanco hasta la destrucción de su red, ningún tribunal autoriza o revisa nada. El cazarrecompensas del oeste, antecedente que suele invocarse, perseguía a un prófugo con una orden firmada por un magistrado. El participante de este programa persigue a su blanco con un contrato firmado con un ministerio. La supervisión existe, pero es del mismo poder que ordena el ataque.
El gobierno presentó la idea con una analogía histórica. Durante la guerra de independencia, Estados Unidos autorizó a barcos civiles a atacar buques mercantes británicos. Estos, se llamaban corsarios, y eran piratas con papeles; recibían del Estado una licencia llamada patente de corso y se quedaba con el botín. Los promotores de la medida hablan de revivir esa tradición en el mundo digital.
La analogía contiene su propia objeción. La Constitución estadounidense menciona expresamente las patentes de corso en su artículo 1 y asigna al Congreso la facultad de otorgarlas. Por eso el senador Mike Lee, cuando quiso revivir la figura en 2025, presentó un proyecto de ley. Si estos son los nuevos corsarios, la autorización debía salir del Congreso, pero salió de un memorando presidencial. La metáfora que el gobierno eligió para vestir el programa lo acusa de haberlo creado por la puerta equivocada.
La única garantía prevista es un depósito de 1 millón de dólares que la empresa pierde si se excede. El problema no es el tamaño de las compañías sino la desproporción entre la sanción y el daño posible. En el ciberespacio el enemigo no lleva bandera. Identificar al dueño verdadero de una red se llama atribución y es el problema más difícil del oficio porque los criminales operan desde servidores ajenos, alquilados o secuestrados en países que no saben nada. Un ataque con la atribución equivocada puede destruir infraestructura inocente en territorio extranjero o golpear sistemas vinculados a otro gobierno y desatar un conflicto entre Estados. Frente a ese riesgo, 1 millón de dólares no es una garantía sino un gesto.
La medida tampoco es una rareza aislada. Estados Unidos privatizó las cárceles en los años 80. Delegó parte de la guerra en Irak y Afganistán en contratistas militares como Blackwater, cuyos empleados mataron a 17 civiles en Bagdad en 2007; la justicia estadounidense procesó 14 de esas muertes y el presidente Trump indultó en 2020 a los cuatro condenados. Ahora abre a empresas privadas una función más delicada todavía, es decir, el atque la infraestructura de organizaciones criminales en el extranjero en nombre del Estado.
Entre tanto, Estados Unidos tiene una agencia dedicada a proteger los sistemas del país, la CISA. El gobierno actual redujo su personal en cerca de un tercio y propuso recortarle 707 millones de dólares de presupuesto. El mismo gobierno que achicó la capacidad estatal sostiene ahora que las amenazas superan los recursos del Estado y que hace falta movilizar al sector privado. No hace falta atribuir intenciones, alcanza con observar que el vacío que hoy llena el contratista lo cavó quien firma el contrato.
Queda el problema de los incentivos, que es económico antes que moral. El funcionario público cobra su salario haya más o menos delito, pero el contratista factura por operación y su ingreso crece con cada objetivo nuevo, misión y renovación de contrato. Esa relación directa entre la persistencia de la amenaza y la ganancia no existe en la burocracia estatal con la misma intensidad. El contratista que erradica el problema liquida su propio mercado, como el jardinero que corta el pasto pero jamás arranca la raíz.
La fuerza legítima fue durante siglos el monopolio que definió al Estado moderno. La historia sugiere que los corsarios fueron útiles mientras duró la guerra y que después muchos atacaron barcos por cuenta propia. Pero ya no se llamaban corsarios, se llamaban piratas.
Las cosas como son.
