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El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, había citado a los diputados a las 12 y tuvo que levantar la sesión tras media hora de espera. LLA reunió a 126 legisladores y quedó a tres del número para habilitar el debate.
Miércoles 18 de Noviembre de 2026
13:01 | Miércoles 18 de Noviembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El oficialismo no consiguió quórum en la Cámara de Diputados y se cayó la sesión por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, había citado a la sesión para las 12. Solo 126 legisladores se presentaron en el recinto de los 129 que necesitaban para abrir el debate.
Los principales cuestionamientos se centraban en los artículos que introducen modificaciones penales vinculadas con la injerencia extranjera y la libertad de expresión.
Horas antes, el Gobierno aseguraba tener los votos para aprobar en general la Ley Malvinas y esperaba que Unión por la Patria acompañara una parte de la iniciativa.
En la Casa Rosada confiaban en obtener la media sanción después de introducir nuevas modificaciones al texto, aunque reconocían que todavía existían diferencias sobre el organismo que coordinaría las políticas estratégicas y las sanciones por injerencia extranjera.
La planificación contemplaba una sesión de 13 horas. Fueron los diputados de Provincias Unidas y del MID quienes no estuvieron presentes y forzaron la caída del debate.
La escena quedó expuesta en el recinto. Gisela Scaglia y otros diputados de Provincias Unidas permanecieron de pie sin sentarse mientras Menem intentaba reunir el número necesario para comenzar la sesión. En el oficialismo aseguran que contaban con esos legisladores para abrir el debate. Su decisión frustró las previsiones del Gobierno, que hasta pocas horas antes consideraba asegurados los acuerdos parlamentarios.
El bloque provincial confirmó que su decisión estuvo relacionada con dos reclamos que permanecen sin resolver: biocombustibles y el Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas pretende que avance el proyecto que modifica el régimen de mezcla obligatoria de combustibles y exige que se respete su representación en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces. Ambas discusiones involucran especialmente a los sectores alineados con los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.
La disputa judicial tiene un componente concreto de poder. Provincias Unidas, que cuenta con 18 diputados, busca que Juan Brugge ocupe el lugar correspondiente a la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura. El bloque rechaza la posibilidad de que el oficialismo acuerde con el PRO la designación de Florencia De Sensi, porque considera que sus 12 integrantes no le otorgan al macrismo prioridad para reclamar esa representación. El conflicto se profundizó en coincidencia con el recambio de autoridades del organismo.
La caída de la convocatoria también afecta una iniciativa considerada estratégica por el entorno presidencial. El Gobierno quería acelerar la aprobación de la Ley Malvinas antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto tentativamente para el 28 de noviembre. La iniciativa contempla nuevas sanciones contra empresas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Malvinas y disposiciones sobre infraestructura crítica, inversiones extranjeras y seguridad nacional. El proyecto ya había sufrido modificaciones para conseguir el respaldo de los aliados.
El temario de hoy también se incluía los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.
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