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Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: el constitucionalista Pedro Caminos explicó sus tres capítulos y el “retroceso” del Gobierno en tierras rurales

El abogado constitucionalista explicó que la norma reúne cambios en expropiaciones, desalojos y tierras rurales. También cuestionó el DNU 70/2023 y dijo que el Gobierno debe justificar la necesidad y urgencia de cada medida.

Viernes 20 de Noviembre de 2026

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16:29 | Viernes 20 de Noviembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

En diálogo con Multiplataforma Fénix, el abogado constitucionalista Pedro Caminos explicó el contenido de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, aprobada ayer en el Senado. Señaló que en realidad “son varias leyes en un solo cuerpo”, una práctica a la que, dijo, este Gobierno “nos tiene acostumbrados”: reunir muchos temas, a veces con relación entre sí y otras no tanto.

Detalló que tiene tres capítulos importantes. El primero modifica la ley de expropiaciones a nivel nacional. El segundo cambia los procedimientos de desalojo, aunque aclaró que está limitado a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no tendría impacto fuera de ella. El tercero se refiere a la ley de tierras rurales: según explicó, el proyecto vuelve al sistema de la ley aprobada, con modificaciones menores, en la época del kirchnerismo, que limita la extranjerización de las tierras rurales. Si no le falla la memoria, y si se aprobó el texto que él vio, establece un tope del 15% de estas tierras en manos de extranjeros, que se replica a nivel nacional, en cada provincia y en cada municipio.

Consultado sobre la situación de La Rioja, donde se plantea que hay departamentos con una proporción importante de tierras en manos extranjeras, respondió que habría que ver cuándo se produjo esa extranjerización: si fue antes de 2011, cuando se terminó, a su entender, con las restricciones, o durante el período en que la ley tuvo una aplicación limitada por medidas del Gobierno. Agregó que, en cualquier caso, las autoridades nacionales, provinciales o municipales podrían tomar medidas para promover una “desextranjerización” siguiendo los criterios de la ley, aunque no cree que lo haga el actual Gobierno nacional.

Sobre si lo ocurrido es una derrota política del Gobierno, dijo que “pareciera que en algún punto el gobierno retrocedió con el tema de la ley de tierras” y que la calificación de derrota queda librada a la opinión de cada uno. Recordó que en un primer momento el Gobierno estaba decidido a eliminar las restricciones basadas en la nacionalidad, pero consideró que se encontró con una opinión pública poco dispuesta a aceptar ese cambio, en un contexto de reivindicación de Malvinas posterior al Mundial.

Respecto de la ley de discapacidad, afirmó que no ve denuncias penales de legisladores contra el Presidente. Dijo que el Gobierno estaría dispuesto a que se apruebe una partida presupuestaria para cubrir los subsidios y que, una vez aprobado el Presupuesto, habrá que ver si el Ministerio de Salud y los organismos relacionados ejecutan efectivamente esos fondos. Si no se ejecutaran de forma adecuada, planteó que podría pensarse en delitos vinculados con la mala administración de recursos públicos, aunque aclaró que sería una “segunda etapa”.

Por último, se refirió al DNU 70/2023, que calificó de “muy problemático”: a diferencia de la ley de propiedad privada, que reúne cinco o seis temas, el decreto modifica cientos de regímenes normativos, lo que equivale a “una reforma integral del derecho argentino”. Opinó que es “inaceptable” que el Presidente pretenda hacerlo a través de un único decreto. Explicó que el sistema de control de constitucionalidad hace difícil una revisión integral, ya que los planteos se hacen por temas específicos, como el régimen de medicina prepaga, que resolvió esta semana la Corte Suprema, con solo dos artículos del decreto. Sostuvo que, en cada caso, el decreto debería explicar por qué había necesidad y urgencia de modificar cada régimen, y que es “imposible” justificarlo de manera simultánea para tantas materias. Por eso, a su criterio, “razonablemente ese decreto tendría que ir cayendo a pedazos”, aunque lamentó que la Justicia no dé respuestas rápidas.

Recordó que el artículo 99, inciso 3, de la Constitución prohíbe como regla que el Presidente dicte normas de carácter legislativo y lo admite de modo excepcional por razones de necesidad y urgencia, salvo en materia penal, electoral, tributaria y de partidos políticos. Remarcó que el Presidente debe explicar por qué la medida no puede esperar la discusión habitual en el Congreso: “No basta con que al presidente le parezca un tema importante”. Agregó que hay una discusión abierta sobre si lo dispuesto por DNU debe ser temporal, y que la Corte no se pronunció sobre ese punto.

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