Crisis en la TV Pública: una intervención puesta bajo la lupa de la Casa Rosada y acuerdos poco claros

18:13 | Lunes 16 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Los programas de la TV Pública son de baja calidad y, por lo general, están tercerizados. Programas de chimentos o de panelistas que emulan emisiones de radio de baja factura son los “tanques” con los que las autoridades del canal y las productoras privadas que los llevan adelante pretenden recaudar publicidad en acuerdos poco claros para lo que debiera ser un canal público de excelencia y con cuentas claras.

RTA es la empresa pública encargada de Radio Nacional y de la TV Pública, y su presidente es Eduardo González, ingeniero aeronáutico con pasado en el grupo América, cuando Eduardo Eurnekian tenía parte en el conglomerado de medios y fue director de Azul TV (ex Canal 9) en el año 2001.

González comenzó a ser criticado en Casa Rosada y en despachos oficiales relacionados con la secretaría de Manuel Adorni o del ministerio de Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, porque quieren más acción para disminuir a su máxima expresión posible los medios públicos.

Poco importa si hay que pagar indemnizaciones con varios ceros a la derecha por los sueldos de los trabajadores de los medios públicos de comunicación que, históricamente, estuvieron por encima del promedio de la industria privada hasta la asunción del gobierno de Milei, donde sus ingresos se vieron congelados incluso por debajo del índice inflacionario que mide el INDEC.

Importa que comience el desguace de Radio Nacional y de la TV Pública, y los funcionarios cercanos al Presidente observan que eso no sucede a pesar de la tanda de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas del 2024.

Todo indica que en RTA harán una nueva propuesta de retiros voluntarios de aquí a fin de año para luego pasar a las desvinculaciones directas, sin importar las protestas de los cuatro gremios de la TV Pública y de los que tienen incumbencias en Radio Nacional.

Tampoco gusta la programación. Anodina, tercerizada, con bajo rating y con pocas ideas para dar la batalla cultural, como le gustaría hacerlo a buena parte de los más ideologizados en la administración de Milei, que quisieran más acuerdos como el que logró Paka Paka con una serie animada conservadora donde se humilla el legado intelectual de Karl Marx.

A propósito de este acuerdo, está freezado por decisión del propio González luego de la polémica que se desató por la posible puesta en el aire de la serie animada Tuttle Twins, que viene desde los Estados Unidos, auspiciada por la fundación Libertas que, entre otros puntos de contacto con instituciones sumamente conservadoras y alejadas del liberalismo tradicional, financió la película basada en la vida aventurera de Timothy Ballard, un ex agente federal que rescata a un niño de una red de trata de personas, pero que luego acumuló denuncias de varias de sus colaboradoras por abuso sexual. 

Ballard es una persona de interés para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que desaconsejó una entrevista del ex agente estadounidense con el presidente Milei.

La productora detrás de este dibujito animado adoctrinador, en la misma línea que hacía el Paka Paka kirchnerista, sólo que ponderando figuras e ideas de la izquierda política, es Angel Studios, una empresa con una ideología hiperconservadora, más interesada en los valores religiosos que en las ideas liberales, responsable de títulos como Los elegidos, una serie que narra la vida de Jesús, entre otros panfletos moralizantes.

Según trascendió de fuentes de RTA, para Eduardo González, la programación de ese material es demasiado. Es mucho y, por ahora, no sale, cuestión que hizo ruido entre los miembros de la secretaría de medios que ahora posan su lupa sobre los programas del canal.

Durante 2024, los pasillos del canal empezaron a verse vacíos por la falta de producción propia. Son los mismos pasillos por los que, en estos días, están sonando los bombos y las protestas.

El único norte que guía a las autoridades de RTA y del canal es que la TV Pública no genere pérdidas para el Estado. La única manera de que eso suceda es cerrando el canal a lo Télam o realizando coproducciones con productoras privadas.

Metodología utilizada durante las gestiones de anteriores gobiernos y que sirvió para varias denuncias por desvíos de fondos. 

A pesar de ello, el mundo libertario insiste con el método de tercerización de realización de productos y de recaudación publicitaria. Según trascendió en el sector privado, mientras que el canal asume el “costo hundido” de cada envío, esto es, sueldos y equipamiento técnico a cargo del canal, las productoras privadas afrontan el pago de los sueldos de las figuras, conductores y panelistas que, en ningún caso, deben ser asociados a un pensamiento de centroizquierda.

Con esas condiciones, el canal y la productora comercializan espacios publicitarios que sirven para cubrir los costos de los programas y, si queda ganancia, en principio, se repartiría al 50%. La mitad para la productora y la otra mitad para el canal. 

Además, este concepto estaría incluido en la apuesta de las autoridades del canal para las redes sociales y el streaming, para el que destinaron las instalaciones del estudio 8, donde alguna vez grabaron recitales de música presentados por Juan Alberto Badia, entre otros, figuras como Sandro, Rubén Rada o Luis Miguel, entre otros.

Ese estudio se adaptó para convertirlo en un streamroom desde el que se producen transmisiones en vivo con contenidos de entretenimiento de todo tipo. Sin embargo, esta apuesta no estuvo exenta de polémicas en medio de la motosierra mileista.

Hace poco más de un mes, el canal debió desmentir que se le pagó a una entrevistada más de 15.000 dólares por participar de la inauguración de un programa de su stream.

En el debut del programa “La pasión”, se presentó a “la China Suárez” abordando temas personales como su relación con el futbolista Mauro Icardi. Pero la cuestión no pasó por sus dichos, sino por lo que habría cobrado para hablar del ex de Wanda Nara.

Según informó el periodista Nacho Rodríguez, la actriz habría recibido 15.000 dólares por su participación, lo que generó un inmediato revuelo en redes sociales y medios de comunicación, y una desmentida oficial de parte de los directivos del canal. Sin embargo, el periodista ratificó su información.

Y, mientras la directiva se debate entre polémicas en redes sociales, los trabajadores del canal denuncian los sueldos precarios que están percibiendo, muy lejos de los tiempos en los que eran criticados por ser de los mejores pagos del Estado. Además, plantearon restricciones a la libertad de expresión de sus periodistas, quienes señalaron restricciones para cubrir los hechos violentos en el Congreso, en una de las marchas de los miércoles, donde la palabra represión no fue permitida utilizarse, ni es posible encontrar voces críticas a los temas que se tratan en el Parlamento.