El Gobierno emitió la DIA de San Jorge. La empresa aún debe completar estudios y pedir autorizaciones. Piden completar esos trabajos y que no haya un tratamiento rápido en la Legislatura.
17:27 | Jueves 30 de Octubre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Gobierno de Mendoza anunció este miércoles que enviará a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, presentado por la firma Minera San Jorge S.A.
El documento reconoce el cumplimiento de todas las instancias técnicas, legales y de participación ciudadana requeridas por la Ley 5.961 y el Decreto Reglamentario 820/06, que regulan la actividad minera en Mendoza. Según la Resolución Nº 405/2025, el proceso incluyó audiencias públicas, talleres participativos, consultas con comunidades originarias y dictámenes de 16 organismos sectoriales, además de la evaluación de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC).
Además, la resolución detalla las condiciones ambientales, sociales y técnicas que deberá cumplir la empresa para avanzar con la etapa de explotación del proyecto. Si bien a partir de esta presentación la Autoridad Ambiental Minera da por cumplido el procedimiento de evaluación ambiental, el proyecto solo podrá avanzar definitivamente si es aprobado en la Legislatura provincial.
El aspecto legal
Aldo Rodríguez Salas, abogado especialista en derecho ambiental, planteó que es una Declaración de Impacto Ambiental "condicionada", ya que autoriza un proyecto sin tener todos los estudios ambientales completos, poniendo como condición que esos estudios se hagan después de aprobar el proyecto.
En esta línea, el experto mencionó el artículo 12 de la Ley General de Ambiente 25.675, que es una normativa de presupuestos mínimos de protección ambiental, que busca proteger el ambiente, la diversidad biológica y promover el desarrollo sustentable, estableciendo la responsabilidad de quienes causan daño ambiental y garantizando la participación ciudadana y la educación ambiental.
Puntualmente, el artículo 12 establece que las personas físicas o jurídicas que realicen obras o actividades que puedan afectar al ambiente deben iniciar el procedimiento presentando una declaración jurada para manifestar esta posibilidad. Las autoridades competentes determinarán entonces si se necesita un estudio de impacto ambiental, que luego será evaluado para emitir una declaración de impacto ambiental de aprobación o rechazo.
"El pedido de los organismos para tener mayor certeza de los impactos probables o posibles en el ambiente, no han sido debidamente atendidos. Es algo que está prohibido por ley, aprobando algo que todavía no se sabe qué es. La evaluación no está terminada", aseguró Rodríguez Salas en diálogo con MDZ.
Y agregó: "Es como si se otorgara una licencia de conducir bajo la promesa de que después la persona va a aprender a frenar".
En la audiencia paralela por el Proyecto San Jorge participaron alrededor de 2.500 personas.
En la audiencia paralela por el Proyecto San Jorge participaron alrededor de 2.500 personas.
El reclamo
En agosto de este año, se realizó la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino. Al mismo tiempo, ambientalistas y activistas llamaron a una audiencia paralela en Uspallata, mientras se manifestaban con un caravanazo en contra del proyecto minero San Jorge.
“Es momento de alzar la voz por lo que amamos y defendemos. Queremos agua pura, aire limpio y un ambiente sano”, publicaron en aquel entonces en las redes de las Asambleas del Agua.
Luego de que el gobernador Alfredo Cornejo anunciara que enviara a la Legislatura la DIA, desde Asamblea Popular por el Agua aseguraron que "no hay licencia social en Uspallata" y pidieron a los legisladores mendocinos un tratamiento serio del proyecto.
"El proyecto no tiene consenso, no tiene licencia social, ni licencia científica porque hay muchos científicos que no están de acuerdo. Reclamamos que los legisladores no den un tratamiento exprés. Entendemos que tienen que poder escuchar a todas las voces que se quieran expresar con respecto a esto", señaló a MDZ Marcelo Giraud, representante de la Asamblea Popular por el Agua.
Alder Corsanigo, miembro de Asamblea por el Agua y oriundo de Uspallata, expresó que "el Gobierno hace dibujos para conseguir una licencia social que no tiene", y afirmó que en caso de iniciar el proyecto de extracción de cobre, habrá contaminación en Uspallata.
"Pedimos que no se avance hasta que se haga en Uspallata un estudio de cero del agua, del agua y de la tierra. Los productos que van a utilizar son altamente tóxicos, no so biodegradables. No hay estudios suficientes para decir que no va afectar el agua de Uspallata. Son 29 toneladas de arsénico las que van a liberar a diario con las detonaciones. A medida que esto se libere va a quedar en escombreras, depósitos de cola, en el agua, en el aire, y todo eso con el correr de los años va a afectar a la población de Uspallata", aclaró.
A la Legislatura por segunda vez
Esta no será la primera vez que el proyecto minero San Jorge sea debatido en la Legislatura provincial.
En 2008 la minera Coro Mining Corp presentó un informe de Impacto Ambiental para realizar tareas de prospección, exploración y desarrollo minero de cobre en esta zona de Uspallata.
Tras un largo proceso de discusión, una audiencia pública y en medio de protestas de organizaciones ambientalistas y otras entidades, el proyecto obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la gestión del entonces gobernador Celso Jaque.
El proyecto original se ubica a 37 km de Uspallata.
El proyecto original se ubica a 37 km de Uspallata.
En agosto de 2011, la Legislatura provincial rechazó mediante una votación unánime el proyecto de explotación minera San Jorge. En 2024, con nuevos inversores, se reformuló el proyecto original que se ubica a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza. Giraud planteó que este proyecto es "conceptualmente lo mismo" al de aquel entonces.
"Es un proyecto que, conceptualmente, es lo mismo que aquel otro. Tiene solo algunos detalles distintos y en el informe de impacto ambiental, inclusive, hay información relevante que en aquel momento estaba y que ahora no está. Aquel procedimiento de evaluación fue más estricto, más severo y más riguroso hacia la empresa que esta etapa de evaluación", destacó.
Los requisitos que deberá cumplir PSJ para extraer cobre
La Declaración de Impacto Ambiental fija diferentes aspectos a cumplir durante la construcción, operación y cierre del emprendimiento. Respecto a al agua - recurso hídrico, uno de los aspectos que enciende el debate, se plantea lo siguiente:
Implementar una red de monitoreo integrada con estaciones automáticas y piezómetros, con datos accesibles para las autoridades en tiempo real; asegurar la impermeabilización de los depósitos de residuos; tener sistemas de alerta temprana geotécnica; presentar un balance hídrico; garantizar caudales ecológicos; y aprobar los planes de gestión de efluentes ante el Departamento General de Irrigación (DGI).
Además, la DGI establece que el agua es de uso público, por lo que la firma Minera San Jorge S.A. deberá gestionar las autorizaciones específicas para el uso de los recursos y la construcción de la infraestructura necesaria.
Otro de los puntos destacados es la creación de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA), que integrará organismos públicos, instituciones académicas y representantes de la comunidad local. Este órgano se encargará del control y monitoreo ambiental del proyecto en todas sus etapas.
También se crea un Fondo Socioambiental y de Compensación Ambiental, destinado a financiar proyectos de desarrollo local, acciones de mitigación y programas de transparencia. A su vez, la empresa deberá garantizar acceso libre a las autoridades de control, presentar informes periódicos bajo declaración jurada y mantener un plan de monitoreo hídrico, climático y de biodiversidad.
En lo ambiental, adicionalmente se nombra aspectos como: evitar, minimizar, restaurar y compensar los impactos sobre la flora y la fauna nativas; la instalación de una red meteorológica bajo estándares de la Organización Meteorológica Mundial-Servicio Meteorológico Nacional, un plan de control del material particulado, sistemas de alerta para trazabilidad vehicular, inventario de gases de efecto invernadero (GEI) y estrategias de mitigación.
