El procurador general respaldó con su dictamen al planteo de Mario Villar de revocar la absolución de la expresidenta.
16:55 | Jueves 15 de Mayo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El procurador general interino, Eduardo Casal, emitió por primera vez una opinión contundente en la causa Vialidad desde que el expediente llegó a la Corte Suprema. En su dictamen, respaldó por completo el planteo del fiscal Mario Villar, quien reclama que se revoque la absolución de Cristina Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita.
Casal cuestionó con dureza a la Cámara Federal de Casación Penal por haber desestimado ese cargo sin dar respuesta a los argumentos del Ministerio Público Fiscal. Según advirtió, la sentencia de Casación repitió los fundamentos del tribunal oral que ya había descartado esa acusación, y no cumplió con su rol de revisión judicial. "Solo satisfizo de manera aparente su función revisora, con lesión al derecho de defensa que asiste a la parte recurrente", afirmó.
Este paso no solo reactiva la discusión sobre el rol de la expresidenta en el presunto entramado de corrupción, sino que además habilita a la Corte a intervenir y definir si existió o no una organización delictiva montada desde el poder para favorecer a Lázaro Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz.
Aunque el dictamen de Casal no es vinculante, su presentación era un paso esperado dentro del máximo tribunal para avanzar en el análisis del expediente. En paralelo, la Corte también deberá resolver un planteo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner que busca apartar al juez Ricardo Lorenzetti, a quien acusan de haber expresado una opinión anticipada sobre el caso. Lorenzetti rechazó esa recusación por “improcedente” y pidió a sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que lo desestimen sin tratamiento.
La causa se centra en la condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que sentenció a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Esa condena fue confirmada en noviembre de 2023 por la Cámara de Casación, que, no obstante, volvió a descartar el delito de asociación ilícita.
Para el fiscal Villar, esa exclusión fue un error, y por eso insiste en que la pena debería ser de doce años de prisión, como él y Diego Luciani lo solicitaron durante el juicio oral. Casal coincidió con ese enfoque y argumentó que la figura de asociación ilícita no fue evaluada de forma correcta.
En su escrito, explicó que se trata de "un delito autónomo, de peligro abstracto", que se configura con la sola existencia de una estructura organizada para cometer múltiples delitos, sin que sea necesario que todos se consumen. Además, criticó que los jueces hayan descartado la pluralidad de planes utilizando el concepto de "delito continuado", y sostuvo que esa figura fue mal aplicada: "No hay ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción".
Casal también hizo hincapié en que las irregularidades investigadas atravesaron tres gobiernos distintos, lo que, según su criterio, desmiente la existencia de un único plan delictivo. "La organización contempla planes múltiples", concluyó.
Con este dictamen, la Corte Suprema queda habilitada para decidir si avanza o no con la revisión del fallo que dejó afuera la acusación más grave contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
