Seis provincias reclaman a Nación más de US$ 9.000 millones de deuda a saldar

18:53 | Domingo 25 de Mayo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El reclamo por deudas de tan solo seis provincias al gobierno nacional alcanza los US$ 9.376 millones. Se trata de las opositoras Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Formosa y Santiago del Estero, incluida también Santa Fe. Si se consideran también las exigencias de Córdoba, CABA y Entre Ríos, el guarismo asciende a US$ 16.258 millones, de acuerdo a un relevamiento de PERFIL. Nación no reconoce a todas esos montos. El Ministerio de Economía avanzó en la negociación con algunos distritos más cercanos en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (Decreto PEN N° 969/24), que se publicó en noviembre del año pasado.

La provincia de Buenos Aires exige al Estado Central 7,8 billones de pesos, de acuerdo a los datos preparados por la administración bonaerense a noviembre de 2024. Con la última cotización del tipo de cambio oficial a $ 1.133,5, ese monto equivaldría a casi US$ 7 mil millones. De los casi 8 billones de pesos, 5 billones corresponden a la obra pública nacional paralizada en el distrito gobernado por Axel Kicillof. A esto se suman 2 billones de pesos por pasivos directos, como transferencias de Anses a caja provincial bonaerense y los diversos fondos para educación, transporte y salud. A su vez, la deuda por la discontinuidad o retrasos de programas sociales asciende a $ 371.163 millones.

Por su parte, desde la Ciudad de Buenos Aires reclama que las arcas nacionales le adeudan US$ 6 mil millones por la devolución de los fondos recortados por coparticipación desde septiembre de 2020, bajo la presidencia de Alberto Fernández, hasta el acuerdo celebrado con Nación en septiembre del año pasado, en donde la Corte decidió aumentar el monto que recibe CABA. Sin embargo, a pesar de que ahora reciben un monto mayor, el gobierno porteño sigue reclamando el stock que no se le pagó durante cuatro años.

En el caso de Santa Fe, la provincia no adhirió al régimen de compensación económica con Nación. El distrito santafesino reclama unos $ 1,1 billones de pesos, según pudo saber PERFIL, unos US$ 970 millones al dólar mayorista, referidos a tres créditos principales: aportes de Anses para compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones, por la obra Autovía Ruta Nacional 19 y por el alojamiento de presos federales en cárceles provinciales. Esta semana el gobernador Maximiliano Pullaro estuvo en AmCham y en relación con el vínculo que mantiene con Casa Rosada sostuvo: “La relación es buena. Nación le debe mucho a Santa Fe y está muy difícil ponerse de acuerdo en cómo se va abordar eso. La deuda de la caja de jubilaciones proviene de impuestos coparticipables que cedió Santa Fe para sostener en la Anses y se tenía que sostener una parte del déficit fiscal que tenían las cajas de jubilaciones provinciales”.

Por su parte, desde Santiago del Estero señalaron a este medio que la provincia “no se adhirió al régimen de regularización de deudas por no tener deuda exigible”. Sin embargo, solicitan una deuda con el Ejecutivo nacional por $ 43.148.000.000, unos 38 millones de dólares, en concepto del Fondo Fiduciario para Desarrollo Provincial, reclamado por la Provincia en tiempo y forma y no liquidado por Nación, según expresaron a PERFIL desde el distrito gobernado por Gerardo Zamora.

La deuda de Nación con La Pampa alcanza los $ 402 mil millones, alrededor de US$ 354,6 millones, según confirmó el ministro Guido Bisterfeld y funcionarios de la cartera de Hacienda y Finanzas de la provincia pampeana. Respecto al avance en las negociación con el Ministerio de Economía, desde el distrito provincial gobernado por Sergio Ziliotto, que fue uno de los que adhirió al régimen de compensación, expresaron a este medio: “No se avanzó ni siquiera en el análisis de un cronograma de pago y mucho menos como, sin con pesos, bonos, en fin. No hemos avanzado nada, salvo en consolidar el monto de la deuda certificando las acreencias de la provincia, tarea que se hizo desde acá”.

La Rioja reclama US$ 864 millones por coparticipación desde octubre de 2023 hasta marzo de 2025. La jurisdicción gobernada por Ricardo Quintela no adhirió al régimen. “Cuando asume el presidente actual, se adeuda desde el mes de octubre/23.

El cálculo está hecho con un punto porcentual real de la coparticipación de cada mes, transformado a dólar de cotización de ese momento, y actualizada en dólares a valor de cierre de marzo/25”, subrayaron en cuanto a la metodología de estimación.

El 14 de mayo, Córdoba llegó a un acuerdo con el gobierno nacional, que reconoció la deuda con la Caja de Jubilaciones y acordó con la Provincia un esquema para el pago de $ 60 mil millones en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 5 mil millones, la primera a pagar ahora en el mes de mayo, con lo cual la cuota 12 se pagará en abril del año que viene. Esos 60 mil millones de pesos se imputan a cuenta del ejercicio de 2025. “Con respecto al stock de deuda que comprende del período 2020 a 2024 y que calculamos en más o menos un billón de pesos, está sujeto a la determinación de Anses y a la conformidad que la provincia dé a esa determinación”, aclararon a este medio desde la Hacienda cordobesa. Ese monto reclamado previo al 2025, ronda casi los US$ 900 millones.

Entre Ríos fue una de las pocas que avanzaron con el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con el equipo económico del Palacio de Hacienda. Pusieron sobre la mesa pasivos de ambas partes y netearon los créditos recíprocos, lo cual arrojó un saldo de $ 238.700.718 a favor de Rogelio Frigerio. El convenio firmado entre ambas jurisdicciones falta que sea homologado ante la Justicia.

Esta semana, el titular de la Administración Tributaria Provincial (ATP) de Formosa, Gustavo López Peña, mencionó que la provincia formoseña “está dejando de recibir varios ítems desde Nación, en lo que tiene que ver con transferencias de fondos”. “Por ejemplo, la deuda que tienen con nosotros de más de 170 mil millones de pesos, respecto a las jubilaciones, que actualmente se está haciendo cargo la provincia. Seguiremos trabajando para que reconozcan esta deuda y lo cumplan”, dijo. El monto reclamado implicaría unos US$ 150 millones.

El pedido por la obra pública

R.P.

Entre 2019 y 2023, el gobierno nacional llevó adelante 7.265 obras públicas en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Al 10 de diciembre de 2023 se habían finalizado 4.434, mientras que 2.308 que se encontraban en ejecución quedaron paralizadas por decisión de la actual gestión. Las 523 restantes estaban por iniciarse y, adicionalmente, había otros 615 proyectos en proceso de evaluación y con financiamiento asegurado que también quedaron frenados. Todo de acuerdo a un informe elaborado por los 500 días de Javier Milei del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Gabriel Katopodis.

La reactivación de estos trabajos de infraestructura forma parte de los reclamos que realizan muchas de las provincias al Ejecutivo central. Algunas de ellas, como la gestión bonaerense, ahora le piden a Nación que les ceda los permisos para terminarlas con fondos de las arcas provinciales.

En contraste con el aumento de la inversión en obra pública de la administración anterior, que finalizó con una ejecución del 97,5% del presupuesto asignado, el actual gobierno aplica una política de ajuste fiscal que se basa, especialmente, en la reducción de la inversión en este sector, priorizando la disminución del déficit a corto plazo sobre el desarrollo de infraestructura. Los gastos de capital con este destino cayeron un 77% interanual en términos reales durante 2024 y se convirtieron en una de las principales variables de ajuste. A ello se suma el recorte en las transferencias a las provincias, que se derrumbaron un 80%, y en las prestaciones sociales, que disminuyeron un 18%.

Esto se evidencia en la paralización de más de 270 obras viales que estaban en marcha en todo el país: en 2024, la inversión de la Dirección Nacional de Vialidad cayó un 72% respecto de 2023 y, en base a la ejecución de los primeros meses de 2025, se proyecta que para este año el recorte será aún mayor y llegará al 78%.