Lo confirmó en Fénix la abogada defensora del ex mandatario, Mariana Barbita, quien calificó la resolución como “gravísima” y adelantó que presentarán un recurso de casación.
19:20 | Martes 18 de Noviembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fénix, la abogada Mariana Barbita —defensora del ex presidente Alberto Fernández— explicó los alcances de la resolución emitida por la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Boico, Irurzun y Farah, que confirmó el procesamiento del ex mandatario en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión.
Barbita señaló que la decisión es, a su criterio, “arbitraria y prematura”, dado que el propio fiscal de la instancia, Agüero Iturbe, había manifestado en audiencia que no existían pruebas suficientes para sostener el procesamiento y que debía dictarse una falta de mérito. “Coincidíamos la defensa y el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la Cámara resolvió en sentido completamente contrario”, afirmó.
La letrada cuestionó que los jueces “ignoraron el principio acusatorio”, al tomar una decisión que —según sostuvo— avanza por encima de lo solicitado por el fiscal. “Esto afecta la imparcialidad judicial y la garantía de defensa en juicio”, remarcó. También indicó que se vulnera la distinción entre las funciones del acusador y del juez, pilar del sistema acusatorio incorporado en la reforma constitucional de 1994.
Barbita detalló que, frente a esta situación, presentarán un recurso de casación ante la misma Cámara y evaluarán, de ser necesario, llegar a instancias internacionales. “Es una resolución inadmisible en un Estado de Derecho”, sostuvo.
Consultada sobre cómo tomó la noticia el ex presidente, la defensora afirmó que Fernández está indignado. Recordó que el ex mandatario es profesor de Derecho Penal y que “conoce perfectamente el alcance de una decisión que desconoce el rol del fiscal”. También afirmó que aún resta producir prueba relevante, como la citación de Vilma Ibarra, quien estuvo a cargo del área jurídica durante su presidencia.
Finalmente, Barbita insistió en que el decreto cuestionado “fue dictado conforme a la normativa” y que no existe ningún indicio de irregularidad que justifique un procesamiento firme en esta etapa del expediente.
