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Fuentes cercanas al Ministerio de Capital Humano señalaron que desde la cartera que encabeza Sandra Pettovello preparan una presentación en la justicia para frenar la medida y mantener la quita del beneficio.
Jueves 12 de Febrero de 2026
19:06 | Jueves 12 de Febrero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Gobierno prepara una ofensiva judicial contra el fallo que ordenó restituir la pensión por viudez de Cristina Fernández de Kirchner. Fuentes cercanas al equipo que encabeza Sandra Pettovello señalaron que buscarán impugnar el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social que puso en suspenso la baja dispuesta por Anses.
Desde el área de legales de la Administración Nacional de la Seguridad Social analizan los caminos legales posibles. En principio, apuntan a un recurso federal extraordinario para que el caso llegue a la Corte Suprema. El Gobierno había suspendido el pago de 20 millones de pesos mensuales que percibía Cristina Fernández en concepto de pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner tras la condena en la causa Vialidad.
El argumento del Gobierno es que la decisión afecta el interés del Estado y establece un precedente que podría habilitar reclamos similares de otros beneficiarios con condenas judiciales.
La controversia tomó temperatura con los dichos de la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien no ahorró críticas: "Parece que los privilegios para unos pocos continúan. Mientras los jubilados que ganan la mínima pasan hambre, la sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social falló a favor de CFK para que recupere los 20 millones de pesos que cobraba de la jubilación de privilegio de Néstor. Lo increíble es que la condenada 'alude razones alimentarias' cuando todos sabemos que la señora es millonaria. Esto habilita una vía para que el Estado le tenga que pagar un dineral que resulta obsceno para cualquiera. Esperamos que la ministra Pettovello apele esta decisión".
Los camaristas consideraron que la quita del beneficio resultaba desproporcionada y afectaba derechos adquiridos de la exmandataria. Pero en el Gobierno sostienen que una persona condenada por corrupción no puede mantener privilegios previsionales financiados por el Estado.
Por otra parte, la Fundación Apolo también había denunciado casos similares contra las asignaciones vitalicias de expresidentes y vicepresidentes que considera irregulares o injustificadas, como Alberto Fernández, Amado Boudou y María Estela Martínez de Perón.
Para Cristina y Boudou, ambos con condenas judiciales, la Fundación argumenta que no deberían mantener beneficios del Estado mientras pesan sobre ellos sentencias por corrupción. En el caso de María Estela Martínez de Perón, el planteo toma otro camino: la exmandataria no reside en Argentina y eso, sostienen desde la organización, debería ser causal suficiente para suspender su asignación vitalicia.
Asimismo, denunciaron a Mariano de los Heros, actual director de la Administración Nacional de la Seguridad Social, por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad por haber otorgado en tiempo récord la jubilación de privilegio a Alberto Fernández cuando el expresidente residía en España. Según el planteo, De los Heros tramitó el expediente sin adjuntar las objeciones contra la asignación ni responder los reclamos administrativos que se habían formulado oportunamente, acelerando un proceso que habitualmente demora meses.
En el caso de Cristina Kirchner, señalaron que la exmandataria defraudó al Estado al cobrar el beneficio de "zona austral" en su jubilación de privilegio, pese a residir en Buenos Aires y no en el sur del país. Este adicional habría significado un incremento en sus ingresos de más de 6 millones de pesos al momento de su suspensión, un monto que salió directamente de las arcas públicas sin justificación, según los denunciantes.
La organización también reclama que Anses dé de baja la pensión vitalicia de Alberto Fernández como expresidente. El argumento es que ya no cumple con los requisitos de "mérito y honor" tras la denuncia de su expareja Fabiola Yañez por violencia de género. La Fundación sostiene que mantener el beneficio en estas circunstancias contradice el espíritu de la ley que establece estas asignaciones como reconocimiento a una trayectoria intachable
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