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En diálogo con Fénix, el geólogo y profesor del Departamento de Geología de la UNSJ analizó la aprobación en el Senado de la reforma a la ley de glaciares y sostuvo que la modificación busca aportar claridad técnica sobre qué debe protegerse
Viernes 27 de Febrero de 2026
17:13 | Viernes 27 de Febrero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fénix, Silvio Pastore, geólogo y profesor del Departamento de Geología de la UNSJ, explicó que el principal problema de la normativa vigente radica en su ambigüedad, especialmente en lo que respecta al ambiente periglacial. “La ley fue confusa al tratar a todos los glaciares de igual manera e incluso sugiere que el ambiente periglacial se comporta como un glaciar”, señaló.
El especialista detalló que existe una diferencia técnica entre glaciares, periglaciares blandos (nieve) y periglaciares duros (hielo en suelo o roca), y que la falta de precisión normativa genera dificultades al momento de delimitar qué cuerpos deben integrar el inventario y cuál es el verdadero objeto de protección. “La ley como está hoy no nos permite delimitar el ambiente periglacial ni entender claramente por qué hay que protegerlo si no se define con precisión el objeto”, afirmó.
Pastore remarcó que el agua es el eje central de la discusión. “El agua es transversal a cualquier actividad humana, es el objeto a proteger”, sostuvo, y agregó que la necesidad de una ley clara responde a poder compatibilizar protección ambiental con desarrollo productivo.
Respecto a la posibilidad de que cada provincia determine qué áreas proteger y cuáles habilitar para actividades extractivas, indicó que desde el punto de vista técnico resulta fundamental que la norma permita revisar inventarios y definir con criterios científicos cuáles son los cuerpos que realmente cumplen una función hídrica significativa. “Lo que la ley no dice no lo puede decir un técnico ni un científico. Por eso necesitamos una ley que sea clara”, enfatizó.
También mencionó el caso de un exdirector de Hidráulica del IANIGLA que fue procesado por fijar una unidad mínima de medición para incorporar cuerpos al inventario, lo que —según explicó— evidencia las dificultades que genera la falta de precisión legal.
En cuanto a la actividad minera en San Juan, aclaró que actualmente funcionan tres minas de oro: Veladero, Gualcamayo y una operación más pequeña recientemente iniciada en la precordillera. Señaló que, si bien no se trata de una actividad masiva, sí existe un fuerte impulso en materia de exploración minera, lo que ha generado cambios en la dinámica económica provincial en los últimos años.
Finalmente, sostuvo que la discusión política sobre intereses y decisiones de los gobernadores es inherente al sistema democrático, pero insistió en que su aporte se centra en el aspecto técnico. “Nosotros estamos de acuerdo en que la ley determine con claridad cuáles son los objetos que es necesario proteger y para qué protegerlos”, concluyó.
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