Tensión en Venezuela: la policía frenó con gases una marcha hacia el Palacio de Miraflores

Más de 2 mil trabajadores se concentraron en el centro de Caracas en Venezuela y fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Nacional Bolivariana cuando la multitud intentaba avanzar al Palacio presidencial de Miraflores con el objetivo de exigir mejoras salariales y mejoras en las condiciones de vida.

Desde hace dos años, las manifestaciones públicas y multitudinarias son cada vez más raras en Venezuela a raíz de la ola de represión que le siguió a las protestas opositoras contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2024.

La movilización se gestó en rechazo a la promesa de aumento salarial realizada por la presidente encargada Delcy Rodríguez este miércoles, la cual no especificó porcentajes del alza ni si incidirá en prestaciones y otros beneficios.

La marcha a Caracas

Durante la protesta, los manifestantes corearon consignas contra las fuerzas de seguridad y exigieron poder avanzar hasta el edificio presidencial, en medio de un fuerte despliegue policial que bloqueó el paso. El intento de avanzar hacia Miraflores terminó con la intervención de efectivos antimotines, que dispersaron la movilización con gases lacrimógenos y escudos a pocas cuadras del palacio.

La manifestación buscaba presionar al gobierno interino para que anuncie un aumento real de los salarios, deteriorados por la inflación y la prolongada crisis económica del país.

El reclamo se explica por la crítica situación del ingreso en el país: el salario mínimo sigue fijado en 130 bolívares (menos de un dólar mensual) y permanece congelado desde 2022. Aunque los trabajadores pueden recibir bonos estatales que elevan el ingreso total, estos pagos no impactan en prestaciones ni beneficios laborales, mientras la canasta básica familiar supera ampliamente esos montos.

La presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro, prometió un “incremento responsable” de los salarios a partir del 1 de mayo. Sin embargo, la falta de detalles sobre el alcance de la medida alimentó el malestar de sindicatos y jubilados, que denuncian que los ingresos actuales son “salarios de hambre” y reclaman una recomposición urgente.