El intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, sobre Vicuña " Somos pro-mineros, pero la empresa nos ignoró durante dos años"

19:02 | Sábado 18 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

...Denunció la falta de presentación de la Declaración de Impacto Ambiental ante La Rioja, el incumplimiento de promesas de empleo y la «soberbia» de una compañía que, según dijo, mandó a negociar a funcionarios sin capacidad de decisión. Pese a todo, ratificó su apoyo a la actividad minera como motor de desarrollo.

 En una extensa entrevista con Canal 13 de San Juan, el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, ofreció la versión más detallada conocida hasta ahora sobre el conflicto que derivó en la suspensión judicial, por 30 días, de las operaciones de tránsito del proyecto minero Vicuña en territorio riojano. La resolución, dictada a partir de una presentación de la Fiscalía de Estado de La Rioja, tiene al jefe comunal como su principal vocero político y traduce, en clave institucional, un malestar que venía creciendo en el departamento más pequeño de la provincia.

"Pro-mineros porque la situación lo amerita"

Orquera abrió su intervención con una definición que pretende ordenar el debate: su municipio no es anti-minero. Todo lo contrario. "Somos pro-mineros porque la situación lo amerita", afirmó, y fundamentó la postura en la estructura misma del departamento. Al ser General Lamadrid la jurisdicción más pequeña de La Rioja, explicó, todas las necesidades de la población recaen de manera directa sobre el municipio, que debe asumir demandas sociales que exceden largamente su capacidad de respuesta.

En ese diagnóstico, el intendente ubica a la minería como una de las pocas alternativas genuinas para revertir el cuadro. Frente a una situación económica local compleja, sostuvo, la actividad aparece como una vía concreta para generar trabajo registrado, arraigo y proyección para los vecinos.

Dos años de capacitación y un vínculo que se quebró

Lejos de presentar el vínculo con las empresas como hostil desde el inicio, Orquera remarcó que la relación con las compañías que exploran en su territorio —Vicuña entre ellas— había sido, hasta hace poco, productiva. Según relató, las firmas se acercaron al municipio a dialogar y durante los últimos dos años se trabajó en capacitaciones específicas para que los habitantes del departamento pudieran incorporarse a las etapas tempranas de exploración.

Ese antecedente es, precisamente, el que vuelve más grave el reclamo actual. El intendente planteó que las inquietudes del municipio fueron formuladas por vía formal y no obtuvieron respuesta. La contracara de aquel proceso de capacitación, denunció, fue el incumplimiento a la hora de traducirlo en puestos de trabajo concretos para los vecinos, lo que detonó las primeras manifestaciones y, luego, los cortes.

La DIA que no llegó a La Rioja

El eje jurídico del conflicto, según lo describió Orquera en la entrevista, es la falta de presentación de la Declaración de Impacto Ambiental ante el Gobierno de La Rioja. El Código de Minería provincial exige esos estudios para la utilización y construcción de caminos mineros en la jurisdicción riojana. La empresa, indicó, aduce haber realizado la presentación en San Juan, pero omitió replicar el trámite en La Rioja pese a que buena parte del territorio y de los caminos utilizados para su operación logística corresponden a esta provincia.

Sobre ese incumplimiento documental construyó su argumento la Fiscalía de Estado, cuya presentación derivó en la resolución judicial que paralizó, por 30 días, el tránsito de la compañía. La medida se mantendrá hasta tanto Vicuña regularice su situación ante las autoridades riojanas.

"Soberbia" e interlocutores sin decisión

Una de las denuncias más duras del intendente apuntó al modo en que la empresa gestionó el conflicto una vez que la situación escaló. Orquera habló de una actitud de indiferencia que, a pesar de más de dos años de planteos formales, nunca derivó en respuestas satisfactorias. Esa postura fue la que, en su lectura, terminó empujando a los vecinos a adoptar medidas de fuerza y cortes como último recurso para visibilizar el reclamo.

Cuando las protestas ganaron volumen, denunció, la compañía envió a personal sin capacidad de decisión para negociar, lo que profundizó la crisis en lugar de encauzarla. El municipio, señaló, reclama un canal directo con los directivos de la firma: mientras no exista ese interlocutor válido, es muy difícil destrabar el conflicto.

El equilibrio entre impacto ambiental y empleo

Orquera también se ocupó de fijar posición sobre el eje ambiental, en un terreno donde los matices son decisivos. Admitió que la actividad genera un impacto sobre la naturaleza, pero defendió un enfoque de equilibrio: la postura del municipio, dijo, no busca bloquear la minería, sino compatibilizar ese impacto con los beneficios que puede generar en términos de puestos de trabajo genuinos para los habitantes de la zona. En esa ecuación, el cumplimiento de la normativa ambiental provincial y el acceso efectivo al empleo local son condiciones que el municipio considera innegociables.

Un reclamo local con lectura nacional

Las declaraciones de Orquera llegan en un momento especialmente sensible. El proyecto Vicuña es uno de los desarrollos de cobre con mayor proyección estratégica de la cordillera argentina, en un escenario en que el Gobierno nacional promueve la llegada de inversiones al amparo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y en el que la minería del cobre aparece como una de las apuestas centrales para reconfigurar la matriz exportadora del país.

En ese marco, el mensaje que baja desde Villa Castelli combina tres capas. Primero, la de un intendente que se presenta como aliado estratégico de la actividad y no como obstáculo. Segundo, la de una jurisdicción provincial que, aun siendo favorable a la minería, no está dispuesta a ceder potestades ambientales ni a tolerar incumplimientos laborales. Y tercero, la de una comunidad pequeña que reclama ser parte efectiva del desarrollo que transita por sus caminos.

La reactivación del tránsito depende ahora, exclusivamente, de dos gestos concretos por parte de Vicuña: la presentación formal de los estudios de impacto ambiental ante las autoridades riojanas y la apertura de un canal de diálogo real con el municipio de General Lamadrid. Mientras eso no ocurra, las palabras del intendente marcan el pulso del conflicto y anticipan que la disputa, lejos de apagarse, recién empieza a ordenar sus términos.