El Gobierno monitorea el impacto del caso Adorni en los aliados y prepara más reuniones con gobernadores

09:00 | Lunes 15 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

En el Gobierno se encendieron varias alarmas por el impacto que el caso del patrimonio de Manuel Adorni pueda tener en el vínculo con aliados y gobernadores dialoguistas, en medio de la negociación por las reformas que quiere aprobar en el Congreso.

En el Ejecutivo reconocen que evalúan cómo inciden las contradicciones en las explicaciones patrimoniales del jefe de Gabinete sobre los acuerdos políticos que el oficialismo necesita sostener en las próximas semanas.

El tema se metió en las conversaciones con los mandatarios provinciales y en los distintos contactos con bloques aliados. En la Casa Rosada admiten que el caso Adorni genera ruido en una etapa de movimientos en la agenda legislativa, con el super-RIGI, la Ley de Lobby, la reforma electoral, Inocencia Fiscal, desregulación y otros proyectos todavía pendientes de tratamiento.

La preocupación no pasa solo por la situación judicial del ministro coordinador, sino por el efecto político de sus explicaciones. En Balcarce 50 reconocen que la admisión de ahorros no declarados, las rectificaciones patrimoniales y los videos con declaraciones anteriores sobre bitcoin complicaron el vínculo con sectores que venían acompañando al oficialismo en votaciones sensibles.

En ese contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previstas nuevas reuniones con gobernadores esta semana. La estrategia apunta a sostener canales de negociación con mandatarios dialoguistas, ordenar reclamos de gestión y evitar que el caso Adorni paralice los acuerdos que Nación necesita para avanzar con reformas económicas, desregulatorias y electorales.

Santilli recibirá este martes en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, a las 10, y al mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, a las 15. Los encuentros forman parte de la agenda que Interior viene desarrollando con mandatarios provinciales para avanzar en la reforma electoral y sostener la negociación por los proyectos que el oficialismo quiere aprobar en el Congreso.

El Gobierno busca que esos diálogos funcionen como una red de contención política. En Nación sostienen que hay gobernadores dispuestos a discutir cambios sobre las PASO, acuerdos legislativos y una hoja de ruta para 2027, pero advierten que el caso Adorni volvió más sensible la relación con aliados que ya venían marcando diferencias con el oficialismo.

El PRO fue uno de los sectores que tomó mayor distancia. El partido de Mauricio Macri calificó la situación como una “falta grave” y reclamó que Milei “defienda el cambio y no a Adorni”. Sin embargo, por ahora mantiene la decisión de no acompañar la interpelación impulsada por la oposición en Diputados. En Nación leen esa posición como una señal de tensión, pero también como una muestra de que todavía existe margen para negociar.

El kirchnerismo y otros bloques opositores buscan avanzar con pedidos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete. En Diputados, distintos espacios pidieron una sesión especial para el 23 de junio. En el Senado, Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto para citar a Adorni e iniciar el proceso previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Dentro del Ejecutivo hay miradas dispares sobre esa avanzada. En el entorno de Adorni creen que la moción de censura no va a prosperar porque requiere mayorías difíciles de alcanzar: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. En la mesa política, en cambio, no lo dan por descontado. “Todavía hay que ver”, expresan en Balcarce 50.

La diferencia de lecturas responde al clima que se percibe entre aliados. En la Casa Rosada creen que la oposición busca aprovechar el malestar de sectores del PRO, la UCR, Provincias Unidas y bloques minoritarios para ampliar la presión sobre el jefe de Gabinete. Aunque esos espacios no acompañan por ahora una remoción, varios de sus referentes pidieron que Adorni dé explicaciones o un paso al costado.

Victoria Villarruel también elevó la presión institucional. La vicepresidenta reclamó que Adorni concurra este mes al Senado para cumplir con su obligación constitucional de rendir informes al Congreso. El jefe de Gabinete había anunciado que iría en julio, pero desde la Cámara alta insisten en que debe presentarse antes.

La situación se volvió más delicada porque el Gobierno intenta ordenar una agenda legislativa cargada. En Diputados, el oficialismo busca avanzar con el super-RIGI y la ley de lobby, dos proyectos que requieren negociaciones con aliados y gobernadores. El primero es la prioridad económica del paquete, mientras que el segundo abre una discusión sobre transparencia, intereses extranjeros, registros de gestores y sanciones.

En paralelo, la reforma electoral quedó atravesada por las conversaciones con mandatarios provinciales. Santilli intenta sostener apoyos para modificar el sistema de las PASO, mientras Patricia Bullrich acercó la idea de habilitar colectoras como salida para destrabar resistencias en el Senado. En varios despachos oficiales admiten que la discusión será más larga y que dependerá de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales.

El caso Adorni también complica el tratamiento de Inocencia Fiscal. El Ministerio de Economía venía trabajando en modificaciones al régimen, pero la explicación patrimonial del jefe de Gabinete volvió más difícil impulsar cambios sobre una herramienta que la oposición y algunos aliados ya asocian con su situación personal. En el Ejecutivo reconocen que ese punto obliga a recalcular tiempos y estrategia.

La Casa Rosada busca mostrar gestión para bajar el peso del caso en la agenda pública. En Balcarce 50 evalúan convocar al Gabinete la semana próxima, retomar el esquema de conferencias y multiplicar anuncios de distintas áreas. La apuesta es correr el foco hacia la baja de la inflación, la caída del riesgo país, la mejora de los activos argentinos y los proyectos económicos que el oficialismo quiere instalar antes de la campaña.