Escalada: Donald Trump va por la Corte Penal Internacional con una estrategia para debilitarla

La administración del presidente Donald Trump dio un nuevo paso en su enfrentamiento con los organismos internacionales al anunciar este lunes una ofensiva para "desmantelar" la Corte Penal Internacional (CPI).

La estrategia, presentada por el secretario de Estado Marco Rubio, combina sanciones, restricciones migratorias y presión sobre los aliados de Washington para aislar al tribunal, en una medida que vuelve a poner en tensión el sistema multilateral construido tras la Segunda Guerra Mundial.

El Secretario de Estado Marco Rubio anunció la ofensiva de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional.

La iniciativa se inscribe dentro de una política exterior que cuestiona el alcance de las instituciones internacionales cuando estas interfieren, según la visión de Washington, con la soberanía estadounidense.

En este caso, el objetivo es una de las principales instituciones encargadas de investigar y juzgar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio.

La estrategia para debilitar a la Corte

El plan anunciado por Rubio busca reducir la capacidad de acción de la Corte Penal Internacional mediante distintos frentes. Por un lado, entre las medidas previstas figura la prohibición de ingreso a Estados Unidos para funcionarios de la CPI, un endurecimiento de las sanciones contra integrantes del organismo y entidades vinculadas, además de una campaña diplomática destinada a convencer a otros países de abandonar el tribunal.

La maniobra también contempla que embajadores y representantes estadounidenses presionen a gobiernos aliados para que cuestionen públicamente la legitimidad de la Corte e incluso evalúen retirarse del organismo.

Corte Penal Internacional.

Según el Departamento de Estado, aquellos países que mantengan su respaldo a la CPI podrían enfrentar un mayor escrutinio por parte de Washington, incluso si dependen de la asistencia política, económica o militar estadounidense.

Rubio justificó la iniciativa al sostener que la Corte "representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense" y acusó al organismo de intentar actuar como "un árbitro global sin rendición de cuentas".

En una columna publicada en The Wall Street Journal, aseguró que Estados Unidos trabajará junto a sus aliados para desmantelar la institución "paso a paso, si es necesario".

Un nuevo golpe al sistema multilateral

La ofensiva contra la CPI representa un nuevo capítulo en la confrontación de la administración Trump con los organismos multilaterales. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte, y durante el primer mandato de Trump ya había impuesto sanciones contra funcionarios del tribunal por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por avanzar contra funcionarios israelíes.

Las consecuencias que podría tener la ofensiva

Si la campaña logra convencer a algunos aliados de alejarse de la Corte, el organismo podría enfrentar mayores dificultades para investigar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios, dado que la CPI depende en buena medida de la cooperación de los Estados para ello.

Por lo tanto, una eventual retirada de países o una disminución del apoyo diplomático podría debilitar significativamente su margen de acción.

Además del impacto operativo, especialistas advierten que una fragmentación del respaldo internacional también podría afectar los mecanismos de rendición de cuentas frente a violaciones graves del derecho internacional humanitario y profundizar las diferencias entre las potencias occidentales respecto del papel de los organismos multilaterales.

Por ahora, resta conocer cuál será la respuesta de los socios tradicionales de Washington y qué medidas adoptará la propia Corte Penal Internacional para sostener su funcionamiento frente a una presión diplomática y económica que podría convertirse en una de las más importantes desde su creación.