Julián de la Colina, fiscal de la causa por los apremios en Ulapes: "Estamos ante un hecho muy grave institucionalmente"
Así lo afirmó en diálogo con Fénix el fiscal, al confirmar la imputación de ocho policías por presuntas torturas y otros delitos cometidos contra dos hombres. Aseguró que la investigación reunió pruebas suficientes para avanzar con la acusación.
Lunes 27 de Julio de 2026
12:24 | Lunes 27 de Julio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El fiscal Julián de la Colina confirmó que ocho efectivos policiales fueron imputados por los presuntos apremios ilegales denunciados por dos ciudadanos mendocinos en la comisaría de Ulapes y sostuvo que se trata de una investigación de gran complejidad por las características del hecho y por el compromiso institucional que implica.
"Estamos ante un hecho muy grave institucionalmente", afirmó el funcionario judicial al señalar que las presuntas torturas habrían ocurrido "dentro de una comisaría, en horas de la madrugada, con policías encapuchados y con la desaparición del libro de guardia", circunstancias que motivaron una investigación intensiva durante la feria judicial.
De la Colina explicó que la causa pasó "de 28 fojas a 650 fojas exactamente en un mes y una semana" y confirmó que fueron imputados los cinco policías que estaban de guardia el día del hecho, además del comisario, el segundo jefe y otro oficial, alcanzando un total de ocho acusados.
Respecto de los delitos atribuidos, precisó que las imputaciones incluyen privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales agravados, retención de personas agravada, tentativa de abuso y torturas, este último con penas de entre ocho y veinticinco años de prisión. "Es un delito gravísimo y corresponde además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos", remarcó.
El fiscal indicó que, si bien no hay detenidos, la Fiscalía se opuso a los pedidos de eximición de prisión formulados por las defensas. "Nos opusimos porque son delitos no excarcelables y porque corre grave riesgo la veracidad de la investigación", explicó, al advertir que todos los policías imputados residen en la localidad y podrían influir sobre la producción de pruebas.
En cuanto a la evidencia reunida, De la Colina reveló que fueron secuestradas "bolsas de consorcio con las cuales pretendían asfixiar" a las víctimas y también "las varillas de los lampazos" que, según la investigación, habrían sido utilizadas durante las agresiones. A ello se suman historias clínicas, informes médicos, cámaras de seguridad, teléfonos celulares secuestrados y testimonios que respaldan la acusación. "Uno de los denunciantes presentaba un hematoma que le abarcaba todo el abdomen y luego se constató que tenía dos costillas fracturadas", detalló.
Asimismo, confirmó que la investigación determinó que el procedimiento policial comenzó en territorio de la provincia de San Luis. "La policía invadió la jurisdicción de San Luis y realizó allanamientos, requisas y secuestros sin ninguna orden judicial", afirmó, por lo que consideró que esas actuaciones son "nulas de nulidad absoluta" al vulnerar garantías constitucionales.
Finalmente, el fiscal defendió la decisión de restringir la difusión de información durante la etapa inicial de la investigación. "El Ministerio Público Fiscal debe proteger la investigación. Si se altera, corre riesgo la búsqueda de la verdad real", sostuvo, al explicar que esa medida buscó preservar tanto la prueba como los derechos de las víctimas y de los propios imputados.
