La fiscalía le pidió a Manuel Adorni que justifique sus bienes tras detectar irregularidades en su evolución patrimonial

09:29 | Lunes 10 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El fiscal federal Gerardo Pollicita envió el requerimiento de justificación patrimonial en la causa que investiga al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

El documento contiene más de 20 preguntas concretas dirigidas a Adorni y constituye el siguiente paso de la investigación luego del informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).

Según consta en el documento judicial, el análisis conjunto y pormenorizado de la prueba reunida, incluido el análisis técnico de la SIFRAI-DAFI, cotejada con las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales públicas y reservadas y sus rectificativas, “permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial”.

La fiscalía intimó a Adorni para que justifique su aumento patrimonial en un plazo de quince días. La medida incluye los incrementos, compras y desembolsos reconstruidos que, “confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.

El requerimiento fue confeccionado a partir del análisis patrimonial y financiero realizado por la DAFI sobre Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. Ese estudio había detectado “inconsistencias” en la evolución de sus patrimonios, aunque no estableció una cifra concreta sobre un eventual desbalance patrimonial.

La elaboración del informe había sido solicitada por Pollicita con el objetivo de reconstruir de manera integral la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

El fiscal trabajó durante la feria judicial para terminar este requerimiento de justificación patrimonial, que muchos consideran una “indagatoria blue”.

El propósito era reunir elementos suficientes para determinar si existía algún desbalance que justificara un pedido de explicaciones patrimoniales antes de avanzar en la causa.

Con ese informe ya incorporado al expediente, la fiscalía avanzó con la redacción del requerimiento de justificación patrimonial. El documento, incluye, 20 preguntas específicas que deberán ser respondidas por Adorni para explicar distintos aspectos vinculados con la evolución de su patrimonio.

Irán desde cuestiones vinculadas a sus rectificaciones de las declaraciones juradas, sus gastos en efectivo en el exterior y los arreglos en la casa de Indio Cua.

El trabajo realizado por la DAFI comprendió un análisis individual de Adorni y Angeletti, así como una evaluación consolidada del grupo familiar. Entre los puntos analizados figuró la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada uno de los períodos investigados.

Además, el organismo debía identificar los ingresos y las fuentes de fondos que contaran con respaldo documental y diferenciarlos de movimientos que no representaran nuevas fuentes de dinero, como transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.

Otro de los ejes del análisis consistió en reconstruir las entradas y salidas de fondos para relacionarlas con la adquisición de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos realizados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos.

Para evitar duplicaciones, el fiscal también había solicitado depurar aquellas operaciones que no implicaran nuevas aplicaciones o ingresos de fondos, como las transferencias internas y las conversiones de moneda.

El informe técnico también contempló la comparación entre las distintas declaraciones juradas patrimoniales y sus eventuales rectificaciones. En ese marco, se buscó identificar modificaciones en la composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y el impacto cuantitativo de esos cambios sobre la evolución patrimonial.

La investigación también puso el foco sobre la operatoria con criptoactivos. La DAFI debía integrar la información proveniente de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias. Esa información debía ser contrastada con las declaraciones juradas patrimoniales y con los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados al expediente.

El análisis de las criptomonedas aparece entre los aspectos sensibles de la investigación debido a los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin. Según trascendió, la elaboración del informe técnico sufrió demoras por la incorporación de nuevos estudios relacionados con ese punto.

Otro de los aspectos revisados fue el costo, la fecha de adquisición, la modalidad de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados al patrimonio, además de las erogaciones y obligaciones invocadas. En los casos de préstamos, mutuos u otras formas de financiamiento, el fiscal solicitó analizar la capacidad económica involucrada y detectar eventuales diferencias entre los instrumentos utilizados, las declaraciones juradas, las escrituras, los registros y la documentación respaldatoria.

Como parte del estudio, la DAFI también debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual como consolidada para el grupo familiar. El objetivo consistía en confrontar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos.

A partir de ese cruce, el informe debía permitir identificar aquellas partidas u operaciones que no guardaran correspondencia con los ingresos y disponibilidades acreditadas, presentaran respaldo incompleto, hubieran cambiado de explicación entre distintas declaraciones o no pudieran ser conciliadas.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni permanece en etapa de instrucción. En paralelo, también se tramita otro expediente vinculado con el viaje que realizó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este en un vuelo privado junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio.

En esa investigación se busca establecer quién afrontó los costos del traslado y analizar el vínculo entre Adorni y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.

Las claves del pedido de la fiscalía a Manuel Adorni para que justifique sus bienes luego de detectar irregularidades en su evolución patrimonial

• El inicio de la investigación fue por una denuncia de la diputada nacional, Marcela Pagano, en la que atribuyó al entonces jefe de Gabinete “la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, a partir de gastos que lucirían prima facie desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público”. Hubo además dos ampliaciones, de parte de Pagano y de sus pares, Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Entre los elementos reunidos están “las Declaraciones Juradas Patrimoniales En Integrales presentadas ante la Oficina Anticorrupción, incluida la declaración jurada anual 2025 y las rectificaciones de los ejercicios 2023 y 2024, todas ellas presentadas el 10 de junio de 2026 e incorporadas en autos”, entre otras.
• La intimación es para que en 15 días Adorni “justifique la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge, Bettina Julieta Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 -fecha de ingreso a la función pública nacional- y el 27 de junio de 2026 -día de su renuncia al cargo-, en los términos del artículo 268 (2) del Código Penal”. La Justicia determinó que en ese período Adorni “percibió treinta y cinco haberes derivados del ejercicio de su cargo a los que se añaden los correspondientes a ingresos comprobados de su cónyuge”, que “frente a esos recursos, que ascienden en conjunto a $229.752.283,20, el grupo familiar afrontó gastos (por ejemplo seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito por $272.820.832,20, por lo que la diferencia en moneda nacional alcanza los $43.068.549″.
• Adorni deberá justificar “el origen de los dólares estadounidenses en efectivo en el país declarados en las Declaraciones Juradas de los ejercicios investigados” y “respecto de los mutuos invocados con dos familiares (Silvia Pais y Norma Zuccolo, acreditar su existencia y fecha cierta, la efectiva entrega de los fondos, su aplicación y la evolución de las obligaciones”.
• Además de “la fuente de los fondos empleados para la adquisición de un automotor marca Jeep, el origen de los fondos destinados a la compra del lote 380 del Country Indio Cuá y a la tasa de ingreso al emprendimiento, la procedencia de los fondos destinados a la remodelación integral de la vivienda del lote 380 del Country Indio Cuá, los US$245.000 que se pagaron a Matías Tabar por tales trabajos, la fuente de los fondos abonados a Tabar por los muebles del inmueble de Miró 550, cuyo precio fue pagado en dólares y en efectivo, y el origen de los fondos empleados” para la compra de esa propiedad, entre otros requerimientos.