Se copió de Ruckauf: quién es el intendente que puso su nombre en la ropa de empleados municipales

13:00 | Miércoles 19 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El intendente de una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires generó una fuerte controversia al estampar su nombre en la indumentaria de trabajo de los empleados municipales.

Los trabajadores, que recibieron recientemente chombas y uniformes, se sorprendieron al notar que las prendas llevaban la publicidad del funcionario, por lo que ya solicitaron el retiro y la discontinuación inmediata de dicha leyenda en toda la ropa provista al personal.

 

 

Tendencia Ruckauf

El insólito hecho recuerda a un antecedente del año 2001, cuando el entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf repartió zapatillas escolares estampadas con su firma en el inicio del año lectivo.

¿De qué municipio se trata?

Se trata del municipio de Puan, cuyo intendente es Diego Reyes, quien aceptó la iniciativa de colocar en la ropa reglamentaria de los trabajadores del distrito la leyenda "Gestión Intendente Lic. Diego Reyes".

 

 

La medida de los trabajadores de Puan

En ese contexto, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) de Puan presentó el pasado 13 de agosto ante el municipio una nota formal para exigir el retiro y la discontinuación inmediata de la leyenda en toda la ropa provista al personal, según informó InfoGEI.

En la solicitud, el sindicato sostiene que dicha leyenda "excede claramente la mera identificación institucional del Estado municipal, utilizando bienes públicos con una finalidad ligada a la promoción de la gestión del gobierno de turno".

Además, remarcaron que el hecho vulnera principios constitucionales y leyes vigentes, entre ellos la neutralidad estatal, la Ley de Ética Pública que prohíbe la autopromoción con bienes estatales, y la Ley de Empleo Municipal, que establece que la indumentaria de trabajo tiene una finalidad estrictamente funcional y prohíbe el uso de recursos municipales con fines partidarios.

De esa manera, el gremio otorgó un plazo de diez días hábiles al Municipio para que informe quién autorizó la medida y advirtió que, si la situación no se corrige, avanzará con denuncias administrativas y judiciales ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.