Fabián Catanzaro, secretario general adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, criticó el esquema de concesiones impulsado por el Gobierno y alertó sobre la situación de las rutas y los trabajadores del organismo.
17:04 | Miércoles 07 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Multiplataforma Fénix, Fabián Catanzaro, secretario general adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, analizó la reciente concesión de ocho corredores de rutas nacionales a empresas privadas y cuestionó el alcance de las obras previstas.
Catanzaro explicó que, a través de la denominada Red Federal de Concesiones, ya fueron adjudicados alrededor de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Además, señaló que el Gobierno proyecta ampliar el esquema hasta alcanzar unos 15.000 kilómetros, sobre una red vial nacional de aproximadamente 40.000 kilómetros.
El dirigente gremial cuestionó que el proceso sea presentado como una inversión privada, ya que, según afirmó, las empresas recibirán créditos subsidiados y garantías estatales. “Se les da una tasa del 2% sobre UVA y dos años de gracia para comenzar a pagarlos”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que las concesiones no contemplan grandes obras de infraestructura, como autopistas, autovías, puentes o distribuidores. Según detalló, los contratos estarán orientados principalmente al mantenimiento, el bacheo y el corte de pasto.
Las concesiones tendrán una duración de 20 años y contemplan un incremento en la cantidad de cabinas de peaje, que pasarían de 47 a 109. Catanzaro también advirtió que los valores de los peajes podrían aumentar entre un 400% y un 500%, luego de la ejecución de pequeñas obras iniciales.
Rutas deterioradas y falta de inversión
Al referirse a la situación de La Rioja y otras provincias, Catanzaro sostuvo que las rutas que no resultan rentables para las empresas privadas quedarían fuera del esquema de concesiones.
En ese sentido, mencionó el deterioro de la Ruta Nacional 38 y de otros corredores internos. “No hay una respuesta ni una propuesta desde el Gobierno”, afirmó, al referirse a los kilómetros que no serán concesionados.
El dirigente señaló que el presupuesto nacional tampoco establece con claridad qué se hará con los aproximadamente 25.000 kilómetros que quedarían bajo responsabilidad del Estado.
Además, cuestionó el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. Según explicó, durante el último período se recaudaron alrededor de 1,6 billones de pesos, de los cuales Vialidad Nacional debería recibir más de un billón.
“Podríamos haber hecho el mantenimiento de 20.000 kilómetros de ruta o construido 3.000 kilómetros nuevos”, sostuvo Catanzaro.
También remarcó que el impuesto tiene una asignación específica y que los recursos deberían destinarse al mantenimiento vial, a los recursos hídricos, a la vivienda y a las vialidades provinciales.
Críticas al sistema de concesiones
Catanzaro cuestionó que las nuevas concesiones puedan significar una mejora estructural de las rutas. Según explicó, las obras previstas serían de pequeña escala y no generarían un crecimiento significativo del empleo ni del consumo.
“Vamos a notar una mejoría en algunos tramos, pero es una especie de lavado de cara para poder aumentar los valores de los peajes”, afirmó.
Además, advirtió que el sistema podría reducir los controles estatales sobre las obras. Según indicó, Vialidad Nacional ya no tendría la misma capacidad para controlar los trabajos en el lugar y debería basarse en informes elaborados por las propias empresas.
El dirigente también señaló que las concesiones no contemplan una planificación estratégica vinculada con el desarrollo productivo del país.
Como ejemplo, mencionó el tránsito diario de camiones hacia Vaca Muerta y cuestionó que algunas rutas estratégicas no tengan prevista su transformación en autovías.
“Se nota la falta de un Estado que planifique y oriente”, sostuvo, y recordó que Vialidad Nacional es el organismo encargado de conducir la política vial argentina.
La situación de los trabajadores
Durante la entrevista, Catanzaro también se refirió a la situación de los trabajadores de Vialidad Nacional y denunció una pérdida superior al 50% del poder adquisitivo debido al congelamiento salarial.
“Hoy el pluriempleo es una constante”, afirmó, y describió un escenario de agobio y persecución laboral dentro del organismo.
El dirigente cuestionó además el nuevo régimen de retiro voluntario aprobado recientemente. Según explicó, se trata del segundo programa implementado en Vialidad Nacional: el primero habría alcanzado a más de 600 trabajadores.
Desde la organización gremial consideran que estos retiros funcionan como “despidos encubiertos”, ya que, según denunciaron, a algunos empleados se les habría sugerido aceptar la propuesta bajo la advertencia de que podrían ser despedidos posteriormente.
Catanzaro también recordó el decreto 461, que contemplaba la disolución de Vialidad Nacional junto con otros organismos del transporte. Si bien sostuvo que la disolución fue frenada, afirmó que continúa el vaciamiento del organismo.
Finalmente, cuestionó la modificación de la estructura interna de Vialidad Nacional y el posible traspaso de rutas a las provincias. Según explicó, los distritos operativos perderían capacidad de decisión y de trabajo, mientras el Estado nacional continuaría recaudando los impuestos destinados al mantenimiento de las rutas.
