El juez del máximo tribunal sostuvo que la decisión de suspender el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la norma responde a la protección ambiental y de los recursos naturales.
08:12 | Sábado 10 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti defendió este viernes el fallo que suspendió el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras Rurales y restableció, de manera cautelar, los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El magistrado sostuvo que la decisión se enmarca en la trayectoria del máximo tribunal en materia ambiental y aseguró que continuará en esa línea.
“La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”, afirmó Lorenzetti. Además, explicó los fundamentos de la resolución y se refirió a las diferencias que hubo entre los integrantes del tribunal.
El juez señaló que la decisión se apoyó en cuatro aspectos: Los hechos concretos, la cuestión ambiental, los recursos naturales y el "debilitamiento de la participación social en el Estado democrático, en el Estado de derecho".
El medio ambiente, clave en el fallo
La medida cautelar busca evitar posibles daños irreparables mientras se tramita la causa. En su resolución, el máximo tribunal consideró que la demanda involucra cuestiones vinculadas con la protección ambiental y que era necesario adoptar una medida provisoria para garantizar una tutela judicial efectiva.
El fallo también señaló que el trámite que recibió la causa en los tribunales intervinientes había dejado sin respuesta los pedidos formulados por la parte demandante. Entre los derechos invocados, mencionó el de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y el de contar con protección del medio ambiente.
Ricardo Lorenzetti Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema — ALF PONCE MERCADO / MDZ
Al explicar su postura, Lorenzetti remarcó que la Corte tiene una línea sostenida en materia ambiental y que la legislación vigente habilita a los jueces a tomar medidas para prevenir daños, incluso en determinadas circunstancias sin una petición expresa de parte.
“Nosotros hace muchísimos años que tenemos una línea coherente en materia de protección ambiental”, sostuvo el magistrado. Según explicó, el artículo 32 de la Ley General del Ambiente permite adoptar medidas cautelares para evitar que la falta de una respuesta judicial deje desprotegida a una organización ambiental.
La diferencia entre Lorenzetti y Rosenkrantz por el fallo
La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. La intervención de estos últimos se produjo luego de que los tres jueces titulares no alcanzaran un acuerdo unánime sobre el expediente.
Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y consideró que la Corte no tenía competencia para dictar una medida cautelar o interina en ese caso. A su criterio, la causa debía remitirse a la Justicia Federal de Bariloche para que allí continuara su trámite, sin adoptar una medida que suspendiera la derogación de la ley.
Carlos Rosenkrantz y un voto distinto al de los otros dos jueces
Lorenzetti, sin embargo, descartó que la diferencia de criterios implique un conflicto interno y defendió la legitimidad de la postura de su colega: "La posición del doctor Rosenkrantz también es legítima, porque él tiene una opinión más restrictiva”.
Además, agregó: “Es bueno que haya distintas opiniones en la Corte. No es que signifique un conflicto, me parece bien. Son dos opiniones diferentes, pero siempre hay una mayoría y una minoría”.
Lorenzetti cuestionó el debilitamiento de la participación social
Durante la entrevista, el juez también expresó su sorpresa por la escasa cantidad de presentaciones judiciales relacionadas con la derogación de la Ley de Tierras, pese a la repercusión pública que tuvo el tema.
Según indicó, solo se habían presentado dos medidas cautelares, una situación que vinculó con el debilitamiento de la participación social en las instituciones democráticas.
En ese contexto, instó a los ciudadanos a canalizar sus reclamos a través de herramientas institucionales, como las acciones judiciales y el Congreso: "Hay que expresarse más en medidas cautelares, en acciones judiciales y en el Congreso, que son las instituciones. Este es un tema muy importante y nos llamó mucho la atención que en este caso prácticamente no hubo acciones".
