Tras las objeciones de Estados Unidos, el Gobierno ajustó la ley "Malvinas"

10:20 | Martes 27 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El Gobierno de Javier Milei introdujo cambios en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional luego de las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que las sanciones previstas podían tener sobre sus empresas. Con las modificaciones, el oficialismo intentará reunir los apoyos necesarios para conseguir un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes 27 de octubre a las 16. Sin embargo, la reunión podría sufrir modificaciones debido a las dificultades de La Libertad Avanza para conseguir las firmas necesarias y garantizar el avance de la iniciativa.

La negociación con los bloques dialoguistas quedó en manos de la diputada libertaria Silvana Giudici. Desde el oficialismo sostienen que el tratamiento continúa en marcha y buscan cerrar un acuerdo que permita llevar el proyecto al recinto.

Las sanciones por la explotación de recursos en Malvinas

Uno de los principales cambios afecta al régimen de sanciones contra empresas y Estados extranjeros que participen en la explotación ilegal de recursos argentinos en las Islas Malvinas.

El texto original, impulsado según las versiones legislativas por el asesor presidencial Santiago Caputo, apuntaba, entre otras, a compañías vinculadas con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, promovido por la británica Rockhopper y la israelí Navitas.

Las modificaciones llegaron después de la reunión que Milei mantuvo en la Casa Rosada con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau. Durante ese encuentro, la administración de Donald Trump advirtió sobre las posibles consecuencias que las sanciones podían generar para empresas de su país. En las gestiones también tuvo participación el embajador estadounidense Peter Lamelas.

A partir de esos planteos, el Ejecutivo limitó las sanciones a los actores que intervengan directamente en las operaciones consideradas ilegales. El nuevo alcance incluye a operadores, licenciatarios, proveedores y accionistas directos de los proyectos, mientras que excluye de responsabilidad a los fondos de inversión indirectos que tengan participación en las compañías involucradas.

Una bicameral para controlar al Consejo de Seguridad Nacional

Otro de los cambios busca acercar posiciones con los bloques aliados. El Gobierno aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para controlar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional que contempla la iniciativa.

El nuevo organismo estará integrado exclusivamente por miembros del Poder Ejecutivo y será presidido por el jefe de Estado. Su función será coordinar las políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior, además de evaluar inversiones de Estados extranjeros y empresas con capitales de ese origen en áreas estratégicas, como energía, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, defensa y actividades espaciales.

La bicameral tendrá facultades para auditar las decisiones y los procedimientos del Consejo. Además, el Ejecutivo deberá informarle, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el organismo.

La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con el objetivo de garantizar la intervención del Parlamento en el control de una estructura que, de acuerdo con el proyecto, dependerá del Poder Ejecutivo.

Cambios en las penas por manipulación electoral

El proyecto también modificó el artículo que prevé penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.

La nueva redacción excluye expresamente de esas sanciones al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses. El cambio respondió a cuestionamientos de sectores cercanos al oficialismo, como la Unión Cívica Radical (UCR), y de legisladores de Unión por la Patria, entre ellos la diputada Agustina Propato.

Además, se incorporó al Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional. También se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y del Comando Conjunto Marítimo, aunque no se estableció una regla que determine cuál de las dos fuerzas debe intervenir de manera prioritaria.

La oposición insiste en dividir el proyecto

Pese a las concesiones, Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas mantienen su reclamo para tratar la iniciativa en dos partes. Por un lado, proponen abordar las disposiciones relacionadas con Malvinas y la defensa de la soberanía; por otro, discutir las reformas sobre inteligencia, defensa, seguridad interior, protección de infraestructura crítica y delitos vinculados con la desinformación.

La Libertad Avanza, en cambio, defiende el tratamiento conjunto del expediente 0010-PE-2026.

El plenario de este martes será determinante para el futuro legislativo del proyecto. Si el oficialismo consigue las firmas necesarias, podrá avanzar con un dictamen de mayoría y acercarse al tratamiento en el recinto. Si no reúne los respaldos, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, deberá convocar a un nuevo encuentro, lo que demoraría el avance de la iniciativa.