El juez del Tribunal Oral Federal de La Rioja explicó que el nuevo sistema permitirá juicios por jurado, con audiencias públicas, participación directa de imputados, víctimas y familiares, y un mayor rol del fiscal en la investigación inicial.
19:02 | Martes 02 de Septiembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Jorge Gamal Chamía, juez del Tribunal Oral Federal de La Rioja, habló sobre la implementación del juicio por jurado en la provincia, un sistema que introduce cambios significativos respecto al modelo anterior. Explicó que desaparece la figura del juez de instrucción y que ahora la fiscalía tendrá un rol central en la investigación preliminar, con un plazo máximo de 60 días para determinar si se formularán cargos contra un imputado.
Chamía detalló que la imputación de cargos será comunicada al investigado de manera formal, garantizando su derecho a la defensa desde el inicio del proceso. Además, destacó que las audiencias serán públicas y orales, permitiendo que tanto la víctima como los familiares del imputado puedan presenciar el desarrollo del juicio y ejercer control sobre la investigación.
El juez resaltó que este cambio genera una mayor visibilidad de los operadores judiciales y una percepción directa de los hechos, lo que calificó como un "cambio de paradigma" en la justicia. Señaló que la inmediación del juez permite evaluar directamente la situación de los imputados, incluyendo cuestiones como arraigo y libertad, mejorando la transparencia y el seguimiento de cada caso.
Chamía también explicó que los jueces dejarán de cumplir funciones administrativas en el juicio, que ahora estarán a cargo de una oficina judicial dependiente del tribunal superior. Esto garantiza que los jueces se concentren en la dirección del proceso, mientras la logística y la programación de audiencias se manejan de manera centralizada y organizada, respetando turnos, vacaciones y demás compromisos del personal judicial.
El juez concluyó que el nuevo sistema acusatorio con juicios por jurado acerca la justicia a la práctica real, fortaleciendo los derechos de todas las partes y promoviendo una mayor transparencia y participación ciudadana en los procesos judiciales.
