El abogado de la familia Musse, Carlos Nayi, no pudo presentar el pedido para agravar la acusación contra los funcionarios. Dijo que fue por “falta de tiempo”.
21:25 | Viernes 05 de Septiembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El abogado de la familia de Solange Musse indicó que “por falta de tiempo” no pudo presentar el pedido de ampliación de las acusaciones contra los funcionarios que impidieron el ingreso del padre de la mujer a la provincia de Córdoba durante la pandemia de coronavirus.
Carlos Nayi había anticipado a la agencia Noticias Argentinas que iba a solicitar que agreguen los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones a las imputaciones contra el médico Eduardo Andrada y la asistente social Analía Morales, quienes están sindicados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sin embargo, el letrado explicó que “por falta de tiempo material” no logró presentar la solicitud: “Se concretará en la próxima audiencia”.
Por otra parte, Pablo Musse confirmó que este viernes declararon los médicos que realizaron los hisopados en la ciudad de Río Cuarto y personal de la empresa a cargo de los tres bioquímicos.
El padre de la víctima remarcó que no participó de la jornada porque se encuentra en la provincia de Neuquén, a la vez que el juicio por jurados populares continuará el 10, 11 y 12 de septiembre.
De acuerdo a la acusación, los involucrados impidieron el ingreso del denunciante Pablo Musse a la provincia para visitar a su hija, quien en aquel momento residía en Alta Gracia y atravesaba una internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos, porque tenía un diagnóstico de cáncer de mama avanzado, en fase IV.
El fiscal Julio Rivero señala que esta situación imposibilitó que el hombre pudiera ver a Solange con vida por última vez, quien murió el 21 de agosto a los 35 años.
Para las autoridades a cargo de la investigación, los imputados desatendieron la directriz que ordena que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.
