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El gobernador Juan Pablo Valdés frenó los aumentos salariales y hay tensión con los sindicatos. A la par, hay municipios en quiebra.
Viernes 30 de Enero de 2026
18:02 | Viernes 30 de Enero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, fue contundente al afirmar que, por ahora, " no hay margen para aumentos salariales para los empleados estatales". En declaraciones a la prensa, el mandatario provincial fundamentó esta decisión en la fuerte caída de la coparticipación federal y en una supuesta deuda millonaria que el Gobierno nacional mantiene con la provincia.
Según Valdés, el Gobierno nacional le debe a Corrientes aproximadamente 250 mil millones de pesos en concepto de consenso fiscal. "Es una deuda muy importante que condiciona nuestra capacidad de respuesta", sostuvo. No obstante, aclaró que, a pesar de este rojo externo, "las finanzas internas están equilibradas, aunque al límite".
El anuncio cayó muy mal, principalmente en el sector docente. El ciclo lectivo en Corrientes tiene fecha de inicio para el 2 de marzo y los sindicatos ya habían solicitado la apertura urgente de paritarias para no quedar por detrás de la inflación.
Tras reunirse con la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, el gobernador Juan Pablo Valdés evitó dar fechas o porcentajes concretos y se limitó a señalar que "lo estamos trabajando". Sin embargo, aclaró que "sin el envío de fondos desde Buenos Aires o una recuperación de la recaudación federal, el bolsillo de los estatales correntinos seguirá en espera".
Los 74 municipios de Corrientes atraviesan una profunda crisis financiera y administrativa, marcada por cesación de pagos, balances irregulares, falta de transparencia y declaraciones de emergencia económica. Mientras el relato oficial habla de equilibrio fiscal y superávit, la realidad expone un efecto dominó de quiebras locales.
La nómina de municipalidades en crisis abarca a los 74 distritos, con denuncias de cheques "voladores" o fantasmas, arqueos de caja en cero al 10 de diciembre pasado y un sinfín de presuntas irregularidades amparadas por afinidades políticas.
El efecto dominó parece imparable y empuja a cada comuna al terreno de la insolvencia.
Aunque localidades como Corrientes Capital, Goya, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros e Ituzaingó exhiben una aparente solidez institucional, sus transiciones —calificadas como "ordenadas"— esconden cesaciones de pagos, balances maquillados y un manejo de los recursos públicos alejado de los estándares habituales.
Entre los casos más resonantes se destacan:
Mburucuyá: 40 cheques desaparecidos, presuntamente en manos de exfuncionarios.
Santa Rosa: supuesta pérdida de dos talonarios y transferencias online realizadas hasta último momento, que habrían vaciado la caja comunal.
Virasoro: declaración de emergencia económica, financiera, administrativa y ambiental por seis meses (prorrogables), con suspensión de pagos desde 2017 hasta 2025.
Paso de la Patria: denuncia por malversación de fondos y caja en cero.
Mercedes: denuncia judicial contra la gestión anterior y anuncio de recortes ante la falta de capacidad financiera.
Y así, una lista que continúa, con municipios que repiten el mismo patrón de crisis, desorden y deterioro institucional.
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