Fentanilo contaminado: vuelven a indagar a Ariel García Furfaro por 113 muertes

El Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, comenzó este jueves a indagar nuevamente a los 13 procesados por la causa del fentanilo contaminado, que comenzó hace casi un año y en la que murieron 113 personas mientras recibían tratamientos en centros asistenciales.

Además, a partir del análisis de historias clínicas y otros elementos que constan en la causa también se pudo comprobar que hubo al menos 48 pacientes que "sobrevivieron" a la aplicación de este analgésico infectado que vendió el laboratorio HLB Pharma hace un año y que se distribuyó a decenas de hospitales y clínicas en el país.

En base justamente a las pericias que realizó el Cuerpo Médico Forense, el juzgado ajustó a 113 el número de víctimas a quienes el fentanilo infectado con bacterias les habría agravado su cuadro hasta llegar a un desenlace fatal.

La ampliación de las indagatorias se hará de manera virtual. La primera será a las 11 y está previsto que hoy declaren dos ejecutivos de Laboratorios Ramallo SA, donde HLB Pharma producía el fentanilo. Una es su gerenta de Gestión de Calidad, María Victoria García; el otro, Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen.

Ariel García Furfaro, en tanto, declarará el jueves próximo porque pidió una postergación de su indagatoria. Lo hará también de manera virtual desde la cárcel de Marcos Paz, donde está detenido.

El caso del fentanilo adulterado derivó en una crisis sanitaria sin precedentes y en la detención de nueve personas, entre ellos Ariel García Furfaro, el dueño de la firma responsable de fabricar el medicamento.

Cuando Kreplak firmó la detención de García Furfaro, directivos y técnicos de los laboratorios, se habían comprobado 20 casos de personas que recibieron dosis y que ese suministro provocó agravamiento de su salud hasta llevarlos a la muerte.

El magistrado ordenó nuevas pericias exhaustivas al Cuerpo Médico Forense (dependiente de la Corte Suprema) para evaluar también las secuelas físicas y mentales también en los 48 pacientes que sobrevivieron a la administración del opioide adulterado.

Las apelaciones de los imputados debían ser revisadas por el tribunal superior, la sala 3 de la Cámara de Apelaciones de La Plata, antes de que el expediente volviera a manos de Kreplak. Como la Cámara confirmó los procesamientos, llegó el turno de sumar más víctimas a la causa, luego de que el Cuerpo Médico Forense (que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) le entregara al juez otro informe de muestras, en el que certifica el agravamiento en la salud de más pacientes (al cierre de esta nota, 113) por las bacterias presentes en el fentanilo adulterado.

Dicho de otro modo, el juez imputó a 13 personas teniendo bajo la manga un número equis de pruebas. Entre ellas, la confirmación de 12 pacientes fallecidos, cuya salud (había confirmado el Cuerpo Médico Forense) empeoró por los microorganismos del fentanilo. Esos procesados habían incluso atravesado indagatorias en las que tuvieron la posibilidad de refutar las pruebas recabadas en la Instrucción.

Sin embargo, la etapa de investigación siguió y todo ese capítulo, se podría decir, quedó “viejo”. Ni los imputados fueron indagados por las nuevas muertes confirmadas ni pudieron defenderse en una nueva indagatoria ni tampoco apelar a un tribunal superior.

“Hacer las indagatorias nuevamente, con toda la prueba nueva entre manos, sería lo más prolijo, de modo de poder atribuir los hechos completos en la etapa Instrucción”, explicaron a fines de 2025 desde la Justicia, donde se mostraron confiados en poder cerrar esta pesada etapa antes de la próxima feria judicial de invierno 2026.

A García Furfaro y los demás imputados los habían indagado en agosto de 2025 por la muerte de 96 pacientes, tal como quedó plasmado en las 401 fojas de la última resolución de envergadura que salió del Juzgado Federal Nº 3 de la Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, donde está definida la situación procesal de los imputados.

Las apelaciones de los imputados debían ser revisadas por el tribunal superior, la sala 3 de la Cámara de Apelaciones de La Plata, antes de que el expediente volviera a manos de Kreplak. Como la Cámara confirmó los procesamientos, llegó el turno de sumar más víctimas a la causa, luego de que el Cuerpo Médico Forense (que depende de la Corte Suprema) le entregara al juez otro informe de muestras, en el que certifica el agravamiento en la salud de más pacientes (al cierre de esta nota, 113) por las bacterias presentes en el fentanilo adulterado.

Dicho de otro modo, el juez imputó a 13 personas teniendo bajo la manga un número equis de pruebas. Entre ellas, la confirmación de 12 pacientes fallecidos, cuya salud (había confirmado el Cuerpo Médico Forense) empeoró por los microorganismos del fentanilo. Esos procesados habían incluso atravesado indagatorias en las que tuvieron la posibilidad de refutar las pruebas recabadas en la Instrucción.

Sin embargo, la etapa de investigación siguió y todo ese capítulo, se podría decir, quedó “viejo”. Ni los imputados fueron indagados por las nuevas muertes confirmadas ni pudieron defenderse en una nueva indagatoria ni tampoco apelar a un tribunal superior.

“Hacer las indagatorias nuevamente, con toda la prueba nueva entre manos, sería lo más prolijo, de modo de poder atribuir los hechos completos en la etapa de Instrucción”, explicaron a fines de 2025 desde la Justicia, donde se mostraron confiados en poder cerrar esta pesada etapa antes de la próxima feria judicial de invierno 2026.

Los informes periciales serán determinantes para definir la cantidad exacta de delitos imputables a los 13 procesados, entre ellos, directivos, técnicos y responsables de las empresas HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA. Esto determinaría un agravamiento de las penas. Actualmente enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales en concurso real con peligro para la salud pública, con una expectativa de entre 10 y 25 años de prisión.

Hasta ahora, los procesamientos se basaban en alrededor de 20 muertes concretas, pero estos nuevos análisis realizados en plena feria judicial de enero elevaron la cifra de fallecidos confirmados luego de descartar algunos de los 124 inicialmente estimados en septiembre de 2025.

El caso se originó en mayo de 2025, cuando la ANMAT alertó sobre lotes contaminados de fentanilo (especialmente los 31202 y 31244) producidos por Laboratorios Ramallo SA, propiedad del grupo HLB Pharma. Las pericias detectaron la presencia de bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica, que provocaron bacteriemias graves, fallas multiorgánicas y muertes en pacientes internados en hospitales y clínicas de todo el país.

Los peritos establecieron que las bacterias multirresistentes incrementaron drásticamente el riesgo letal y se busca determinar si también causaron daños irreversibles en los sobrevivientes: desde incapacidades laborales permanentes, enfermedades crónicas, deformidades, pérdida de funciones vitales hasta secuelas psicológicas graves.

Además de Ariel García Furfaro, están imputados su hermano Diego García Furfaro (también detenido), Javier Martín Tchukrán (director de Manufactura), José Antonio Maiorano (director técnico), Nilda Furfaro (madre, con prisión domiciliaria) y otros ocho procesados sin prisión preventiva.

Todos ellos volverán a ser indagados por la Justicia una vez que los nuevos informes periciales estén disponibles, mientras que sus defensores apelaron os procesamientos ante la Cámara Federal de La Plata.

Por su parte, los familiares de las víctimas calificaron lo ocurrido como “una masacre” y no un simple error industrial. Plantean la existencia de fallas graves en los controles de calidad, procesos de fabricación inconsistentes y deficiencias en la supervisión estatal.

Los abogados apuntan no solo a los empresarios y responsables farmacéuticos, sino también a las autoridades del Ministerio de Salud (de la gestión actual y las anteriores) y a los agentes de ANMAT, encargados de controlar y supervisar las buenas prácticas de fabricación de fármacos.

De acuerdo con fuentes judiciales, la causa podría elevarse a juicio oral a mediados de 2026.