La jueza de Violencia de Género consideró acertada la suspensión de la aplicación del régimen penal juvenil cuando el Estado no cuenta con establecimientos adecuados y cuestionó la baja de la edad de imputabilidad.
19:51 | Lunes 07 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La jueza Gisela Flamini se refirió a la suspensión de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que el Estado debe garantizar previamente las condiciones necesarias para alojar a adolescentes en conflicto con la ley.
En diálogo con Fenix, la magistrada consideró acertada la decisión de suspender la aplicación de la normativa cuando no existen las condiciones adecuadas. Remarcó que los adolescentes no pueden ser alojados en establecimientos destinados a personas adultas porque eso implicaría incumplir las obligaciones establecidas tanto por la legislación nacional como por los tratados internacionales.
“Si no tenemos las condiciones y no las podemos cumplir, lo más responsable es decir: bueno, la suspendo hasta que tenga las condiciones”, sostuvo Flamini.
La jueza también planteó que, si el Estado nacional no brinda los recursos necesarios para implementar el régimen, las provincias deben exigir que esas condiciones sean garantizadas. En este sentido, señaló que no alcanza con sancionar una ley si posteriormente no existen las estructuras necesarias para aplicarla correctamente.
Flamini trasladó además su preocupación al escenario de La Rioja y consideró que el lugar que inicialmente se mencionó como posible espacio de alojamiento para adolescentes no sería apropiado para una detención de estas características.
Pero la magistrada fue más allá y expresó su desacuerdo con la propia reducción de la edad de imputabilidad. “Yo no estoy de acuerdo para nada con la ley nacional que baja la imputabilidad”, afirmó.
Según su mirada, el Estado debería priorizar la educación, la prevención y la generación de oportunidades antes que avanzar hacia una mayor criminalización de los adolescentes. “Estamos criminalizando en vez de estar educando, en vez de estar brindando oportunidades”, sostuvo.
Finalmente, Flamini consideró que el camino debería orientarse hacia una revisión progresiva del régimen y hacia políticas que permitan abordar las situaciones de adolescentes en conflicto con la ley desde una perspectiva de protección y educación, además de la responsabilidad que corresponda en cada caso.
