Caso Paulo Guardati: a 34 años de su desaparición, imputaron y ordenaron detener a cuatro expolicías

19:23 | Martes 03 de Noviembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

A más de tres décadas de la desaparición de Paulo Christian Guardati, ocurrida en mayo de 1992, la Justicia Federal de Mendoza dispuso la imputación e inmediata detención de cuatro policías que estaban de servicio la noche en la que el joven de 21 años fue visto por última vez. Uno de los acusados, que reside en Estados Unidos, tiene además una orden de captura internacional.

La resolución del Juzgado Federal N°3 alcanza a Walter Rubén Godoy Pérez, José Antonio Aracena Rodríguez, Oscar Ramón Luffi Castro y Walter Rolando Páez Tello, quienes fueron imputados por el delito de desaparición forzada. En ese marco, la Justicia autorizó allanamientos en domicilios de Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Junín.

Según reza en la resolución, la Justicia consideró que existen elementos para avanzar con la investigación y dispuso que los cuatro sean convocados a prestar declaración indagatoria. En ese sentido, se explica que la imputación es por la presunta infracción al artículo 142 ter del Código Penal, en calidad de coautores.

En el documento, el juzgado sostiene que los efectivos no solo habrían participado en la privación ilegítima de la libertad de Guardati, sino también en una maniobra posterior destinada a ocultar lo ocurrido y evitar que se conociera su paradero.

Allanamientos, órdenes de detención y pedido de captura internacional

Como parte de las medidas, la Justicia ordenó realizar este martes 3 de noviembre tres allanamientos, los cuales se llevaron a cabo en un domicilio del barrio Nueva Vista de Carrodilla, en Luján de Cuyo; en otra del barrio Alicia Moreau de Justo de Las Tortugas, en Godoy Cruz; y en el barrio El Olivo, en Los Barriales, Junín.

Los procedimientos, a cargo de Gendarmería Nacional, tienen como objetivo detener a Aracena Rodríguez, Luffi Castro y Páez Tello, además de secuestrar documentación vinculada con el período comprendido entre 1992 y 1997, legajos personales, fotografías de los investigados durante su servicio y dispositivos electrónicos que puedan aportar información a la causa.

Cabe resaltar que para los tres acusados también se dispuso la prohibición de salir del país.

La situación de Godoy Pérez es diferente. Según los informes incorporados al expediente, el hombre reside en Perth Amboy, Nueva Jersey, Estados Unidos. Por ese motivo, el juzgado ordenó su captura internacional y solicitó a las autoridades judiciales estadounidenses su detención preventiva para que luego pueda ser extraditado.

La fatídica noche de la desaparición de Paulo Christian Guardati

La hipótesis fiscal que tomó el juzgado como base de la imputación reconstruye los hechos ocurridos entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de mayo de 1992.

Según la reconstrucción del hecho que está en el expediente, entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de mayo de 1992, Guardati había asistido a un baile en la escuela Atilio Anastasi, en el barrio La Estanzuela de Godoy Cruz. Allí habría tenido un intercambio con Godoy Pérez, quien se encontraba de servicio junto a otros efectivos del destacamento policial de la zona.

Horas después, cuando el joven caminaba por el barrio con un grupo de amigos, se habría cruzado nuevamente con Godoy, a quien le habría arrojado una piedra. En ese momento, el policía habría perseguido al grupo, efectuado disparos y finalmente detenido a Guardati, a quien habría esposado y trasladado hasta el destacamento.

La puerta de ingreso a esa dependencia policial fue, de acuerdo con el expediente, el último lugar donde el joven fue visto con vida. Desde entonces, permanece desaparecido.

El análisis de la Justicia

Para el Ministerio Público Fiscal, esa "maniobra criminal en estudio solo habría sido posible merced al accionar mancomunado de una multiplicidad de actores que intervinieron en la desaparición forzada de la víctima". Es por eso que, 34 años después, la investigación también apunta a otros efectivos que cumplían funciones en el destacamento y en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. La hipótesis sostiene que, después de la detención, se habrían desplegado acciones para ocultar o tergiversar información y desviar la pesquisa.

En ese marco, también quedarían luego bajo investigación los otros efectivos que aquella noche estaban prestando servicio en la mencionada dependencia: Oscar Ramón Luffi, como Oficial de Servicio a cargo del Destacamento y encargado de la guarda de aprehendidos; Walter Rolando Páez como Oficial de Guarda; y José Antonio Aracena como retén.

También quedarían señalados Roberto Rubén Sisterna López y Néstor Ramón Falcón, quienes eran superiores jerárquicos y que fueran responsables del sumario policial de prevención "que serviría de plataforma para la continuidad de la acción criminal".

El 25 de mayo de 1992, un día después de la desaparición, Hilda Gladys Lavizzari, madre de Guardati, presentó una denuncia en la Comisaría Séptima, investigación que quedó a cargo de Sisterna y Falcón. Según reza la resolución judicial, éstos "llevaron adelante una serie de diligencias, a la vez que mantuvieron este hecho por fuera de la injerencia de quienes debían intervenir en esos momentos iniciales".

En ese sentido, la Justicia señala que dichas acciones habrían "derivado en la dilación de medidas probatorias fundamentales, como la citación de diversos testigos presenciales del hecho", además de lo que significa darle intervención "a personas que claramente podían estar comprometidas con el hecho investigado".

Entre otros elementos, la resolución menciona demoras en la remisión del sumario policial y la presunta intervención de personal que podía estar comprometido con los hechos investigados.

Al fundamentar las nuevas medidas, el juzgado remarcó que, pese al tiempo transcurrido, todavía no se pudo establecer qué ocurrió con Guardati ni dónde están sus restos. En ese sentido, la resolución señala que "han transcurrido más de 30 años y aún no logran precisarse las circunstancias concretas en las que la víctima fue privada de su vida, como tampoco determinarse el paradero de sus restos".

De este modo, el avance judicial abre una nueva instancia en una causa que lleva más de tres décadas sin esclarecer el destino de Paulo Christian Guardati. Los cuatro imputados deberán ser indagados, mientras la Justicia busca reunir nuevos elementos para reconstruir lo ocurrido en La Estanzuela y determinar las responsabilidades penales.