El abogado Nicolás Díaz denunció que su clienta, Eva Martínez, fue desalojada junto a sus tres hijos pese a que, según sostuvo, la vivienda sí estaba habitada y había intentado regularizar la deuda.
11:13 | Viernes 05 de Diciembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El desalojo ocurrió en el Barrio Daniel Elías, donde una comisión policial y judicial ingresó por la fuerza a dos viviendas que, según el Ministerio de Vivienda, estaban desocupadas y presentaban incumplimientos reiterados. Las casas habían sido entregadas en 2021 y 2022. Desde el organismo afirmaron que existieron “cinco intimaciones sin respuesta” y que ambas unidades estaban “mal ocupadas”.
La propietaria de una de las viviendas, Eva Martínez, expuso en redes sociales que fue “corrida de su casa” mientras sus hijos lloraban, y aseguró que invirtió en mejorarla y mantenerla a pesar de trabajar doble turno. También vinculó la decisión a “alguien que apuró todo”, insinuando motivaciones políticas.
Su abogado, Nicolás Díaz, sostuvo lo contrario a lo informado por Vivienda: “Ella vivía ahí”. Agregó que el procedimiento “no es propio de alguien que no ocupa la vivienda”, porque al momento del desalojo “había alimentos en la heladera, camas armadas, aire acondicionado instalado y servicios activos”. Díaz también remarcó el impacto social: “Han dejado una familia en la calle. Los niños anoche no sabían dónde dormir”.
Sobre la deuda, el abogado indicó que su clienta había intentado regularizarla en más de una ocasión. Señaló que el argumento del impago “no es válido” para una medida extrema: “Si ese fuera el criterio, entre el 80 y el 90% de los adjudicatarios deberían ser desalojados”.
Aclaró que la mujer posee ingresos bajos y es sostén de familia: “Es una persona sola con tres hijos, no es fácil la situación”.
El operativo contó con personal de distintas áreas policiales y se realizó con orden judicial. El Ministerio de Vivienda informó que más casos están en análisis en todo el territorio provincial para recuperar unidades “no habitadas o con irregularidades”.
Díaz adelantó que presentará apelaciones: “Vamos a pedir copia de las actuaciones y reclamar una reconsideración. Esta familia habitaba la vivienda y realizó mejoras con recursos propios”. También cuestionó que no se diera intervención previa a organismos de protección de derechos de la niñez, considerando que había menores presentes.
