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Una denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura acusa a la magistrada de ignorar pruebas de abuso sexual, favorecer al progenitor denunciado y someter a la “Niña Lila” a un traslado forzoso, aislamiento y medidas revictimizantes.
Martes 09 de Diciembre de 2025
08:40 | Martes 09 de Diciembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Un pedido de juicio político ingresó al Consejo de la Magistratura de La Rioja contra la jueza Marcela S. Fernández Favaron, a quien se acusa de haber tomado decisiones que expusieron a una niña de 4 años, identificada como “Niña Lila” a graves situaciones de vulneración y desamparo, pese a existir pruebas e intervenciones judiciales previas que señalaban riesgo y violencia.
Según la denuncia presentada, la magistrada ignoró pericias, testimonios profesionales y medidas de protección dictadas en Córdoba, donde la niña vivía junto a su madre bajo resguardo oficial. A contramano de esas disposiciones, Fernández Favaron ordenó a principios de 2023 el traslado de la niña desde Córdoba hacia La Rioja, ejecutado por la fuerza pública en un móvil policial y con personas desconocidas para la menor. Ese viaje, sostienen, significó el inicio de un daño emocional profundo.
Tras llegar a La Rioja, la nena estuvo lejos de su madre y de su entorno materno, sin la contención de quienes habían sido su núcleo afectivo durante años. El documento señala que ese aislamiento vulneró sus derechos identitarios y afectivos, y que nunca se contempló la perspectiva de niñez, como exige la Convención de los Derechos del Niño.
Cuestionamientos a la actuación de la magistrada
La denuncia afirma que la jueza mantuvo una línea de decisiones que “arrancaron” a “Lila” de su historia y que, lejos de protegerla, la expusieron nuevamente al peligro. Sostienen que Fernández Favaron obligó a la niña a convivir bajo el mismo techo del progenitor denunciado por abuso sexual, pese a que existían denuncias penales, testimonios de profesionales y medidas de resguardo dictadas por la jueza cordobesa Carla Olocco de Otto.
El escrito remarca que la magistrada riojana desconoció sistemáticamente esas medidas y actuó con una “parcialidad evidente”, privilegiando el vínculo paterno incluso en presencia de antecedentes de violencia, desobediencia judicial y exposición mediática por parte del progenitor.
Irregularidades en informes técnicos
Otro eje crítico expuesto en la denuncia son las actuaciones del Cuerpo Asesor Técnico Interdisciplinario (CATI). Allí se detallan entrevistas realizadas sin consentimiento, una de ellas a una familiar materna, que habría sido grabada en secreto y usada luego para elaborar un informe negativo, con el cual se suspendió cualquier contacto entre “Lila” y su familia materna.
También se cuestionan diagnósticos “infundados”, elaborados sin pericias psicológicas formales ni evaluaciones clínicas, y que, según la presentación fueron inmediatamente validados por la magistrada para tomar decisiones que profundizaron el aislamiento de la niña.
Un contexto de violencia previo
La denuncia recuerda que la causa por abuso sexual fue iniciada en 2021, y que desde entonces el progenitor comenzó una serie de acciones de hostigamiento: difusión mediática, acusaciones públicas, desobediencia de medidas judiciales y amenazas que derivaron incluso en agresiones y mensajes intimidatorios contra la madre protectora.
A pesar de ese contexto, y de la intervención de organismos y profesionales que acreditaron riesgo, la jueza Fernández Favaron habría optado por desestimar toda esa información y avanzar con la restitución a La Rioja.
“Daños irreparables” y ausencia de perspectiva de niñez
El documento califica la actuación de la magistrada como “destructiva para la vida emocional y la identidad” de la niña. Sostiene que las decisiones judiciales dejaron a “Lila” sin la posibilidad de mantener contacto con su historia, su madre y su familia materna, generando un quiebre irreversible en su desarrollo afectivo.
Remarcan que la magistrada actuó sin perspectiva de infancia, sin aplicar estándares básicos de protección y sin garantizar el derecho de la niña a ser escuchada, vulnerando normativa nacional e internacional.
El pedido final
La presentación solicita que el Consejo de la Magistratura investigue el accionar de la jueza Marcela S. Fernández Favaron, lo evalúe bajo la figura de mal desempeño y determine si corresponde elevar la acusación al Jurado de Enjuiciamiento.
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