El fuerte descargo de Anamá Ferreira: exijió cárcel para la abogada detenida en Brasil por gestos racistas

La detención de la abogada santiagueña Agostina Páez en territorio brasileño generó una reacción inmediata por parte de la exmodelo Anamá Ferreira. El incidente, ocurrido en un local gastronómico de Río de Janeiro, donde la joven argentina fue filmada realizando gestos discriminatorios hacia los empleados, escaló rápidamente a la Justicia de ese país. Ferreira utilizó su plataforma en redes sociales para condenar los hechos y marcar una posición tajante respecto a la responsabilidad penal que le cabe a la influencer.

“Lo que gritó esa chica no es ‘un exabrupto’, es racismo, y el racismo no se relativiza, no se justifica y no se aplaude”, sentenció la empresaria de la moda a través de su cuenta de X. En sus declaraciones, subrayó que el respeto mutuo no es negociable y que este tipo de conductas deben recibir sanciones ejemplificadoras para evitar su repetición. La firmeza de su discurso se tradujo en un pedido directo de cumplimiento efectivo de la ley: “Deseo que pases unos años presa en Brasil”.

El enojo de Anamá Ferreira tras la situación que se vivió con la abogada argentina en Brasil

El conflicto mediático se profundizó cuando el abogado Mauricio D'Alessandro cuestionó la severidad de las medidas impuestas por las autoridades brasileñas, calificando de "locura" la privación de la libertad de la joven. Ante estas expresiones, Anamá no tardó en responder, defendiendo la aplicación estricta del marco legal vigente en su país de origen. En un breve pero contundente mensaje, la modelo reafirmó su deseo ante la mirada de miles de seguidores: “Presa la quiero”.

Para fundamentar su reclamo, la modelo hizo referencia a las normativas actuales que rigen en la nación vecina, donde la discriminación racial es tratada con máximo rigor. “¿Una locura en qué sentido? ¿Que debe estar presa o le parece bien ser racista? Le recuerdo que es crimen en la ley brasileña”, le espetó al letrado. La discusión puso de relieve las diferencias culturales y judiciales en el tratamiento de los delitos de odio en la región.

Según explicó Ferreira citando el marco normativo, la “Ley Nº 14.532/2023 equiparó la injuria racial al crimen de racismo. Ambas infracciones son imprescriptibles e inafianzables, y prevén penas más severas”. Actualmente, la implicada permanece bajo investigación judicial, con el pasaporte retenido y sujeta a vigilancia mediante una tobillera electrónica, mientras se define su situación procesal tras el pedido de sanción de la comunidad civil y figuras públicas.