Jueza Gisela Flamini: “Bajar la edad de imputabilidad no soluciona el problema de la inseguridad”

11:15 | Jueves 12 de Febrero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La jueza Gisela Flamini, a cargo del Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2, se refirió al debate por la baja de la edad de imputabilidad y consideró que la medida no tendrá impacto real en materia de seguridad.

“Desde ningún punto de vista es una solución, ni para el sistema de justicia penal ni para lo que la sociedad busca, que es seguridad”, afirmó. Señaló que la mayoría de los especialistas rechaza la iniciativa porque “no ataca los verdaderos problemas del sistema de justicia ni de la seguridad”.

La magistrada explicó que la participación de menores en delitos es estadísticamente baja. “En los últimos 30 años se mantiene en torno al 2% del total de hechos delictivos. Esto no va a impactar en la seguridad, lo que va a generar son falsas expectativas y mayor sobrepoblación en instituciones que hoy no están preparadas para menores”, advirtió.

También remarcó que la mayoría de los casos vinculados a menores corresponde a delitos contra la propiedad y no a hechos violentos. “Más del 50% de esos casos son delitos contra la propiedad. Son importantes, pero no los más graves en comparación con otros que deberían ser prioridad”, indicó.

Flamini sostuvo que el abordaje debe centrarse en políticas integrales y no exclusivamente en el castigo penal. “La salida no es la cárcel. Lo que se necesita son herramientas interdisciplinarias, acompañamiento, educación y contención para evitar que esos jóvenes continúen en ese camino”, expresó.

En ese sentido, advirtió que muchas provincias carecen de instituciones adecuadas para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley. “No tenemos institutos ni recursos suficientes. Una ley sin presupuesto ni estructuras que la acompañen no resuelve nada”, afirmó.

La jueza también señaló posibles cuestionamientos constitucionales. Recordó que Argentina incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño con jerarquía constitucional y que existen estándares internacionales que limitan la aplicación de penas equiparables a las de adultos. “Aplicar sanciones iguales a las de un adulto a un menor puede resultar inconstitucional”, explicó.

Respecto al sistema judicial, indicó que la eventual reforma debería contemplar mecanismos específicos para el tratamiento de adolescentes y sus familias. “No se trata solo del menor, también hay responsabilidades del entorno familiar y del Estado en el acompañamiento”, sostuvo.

Finalmente, consideró que el debate debe ser más amplio y profundo. “No se trata simplemente de bajar la edad de imputabilidad, sino de discutir políticas públicas integrales que realmente reduzcan el delito y generen oportunidades para los jóvenes”, concluyó.