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Presentan un amparo con 850 mil adhesiones para frenar la reforma de la Ley de Glaciares

En diálogo con Fénix, la dirigente sindical Marta Maffei explicó los motivos del amparo colectivo presentado en la Justicia Federal para frenar la reforma de la Ley de Glaciares y defendió la constitucionalidad de los presupuestos ambientales

Jueves 07 de Mayo de 2026

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17:02 | Jueves 07 de Mayo de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La docente, dirigente sindical y ex legisladora nacional Marta Maffei confirmó que junto a distintos sectores ambientales y sociales impulsaron un amparo colectivo con más de 850 mil adhesiones para intentar suspender la aplicación de la reforma vinculada a la Ley de Glaciares.
 
Durante la entrevista, explicó que la causa quedó radicada en el Juzgado Federal de La Pampa debido a que fue la primera jurisdicción en presentar el recurso y solicitar la unificación de las demandas colectivas. Según señaló, la Corte Suprema establece que estos planteos deben concentrarse en un solo juzgado para evitar fallos contradictorios en distintas provincias.
 
Maffei sostuvo que el planteo judicial apunta a declarar la inconstitucionalidad de la norma por considerar que el ambiente debe regirse bajo presupuestos mínimos establecidos por la Nación y no quedar librado exclusivamente a decisiones provinciales. En ese sentido, remarcó que la Constitución Nacional garantiza el derecho a un ambiente sano y que las actividades económicas no pueden avanzar sin controles ambientales.
 
La entrevista generó un fuerte contrapunto con los conductores del programa, quienes cuestionaron la mirada del ambientalismo sobre el desarrollo minero y productivo en provincias del interior como La Rioja. Durante el debate, se planteó la necesidad de generar empleo y aprovechar recursos naturales para impulsar el crecimiento económico regional.
 
Maffei rechazó que las posturas ambientales frenen el desarrollo y defendió la necesidad de establecer regulaciones que garanticen la protección de los ecosistemas y la salud de la población. Además, aseguró que existen antecedentes judiciales vinculados al saneamiento ambiental y reiteró que la discusión debe darse en el marco de la Constitución y las leyes nacionales.

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