El fiscal de Estado sanjuanino y un especialista en Derecho Constitucional defendieron la validez de las leyes que fijaron los límites entre ambas provincias.
20:27 | Miércoles 01 de Julio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La disputa entre La Rioja y San Juan por los límites provinciales volvió a escalar tras las declaraciones de autoridades y especialistas sanjuaninos, quienes rechazaron la iniciativa impulsada por el gobernador Ricardo Quintela para revisar la delimitación vigente y afirmaron que el planteo no tendría respaldo jurídico suficiente.
Las manifestaciones surgieron luego de que la Legislatura riojana aprobara una norma que desconoce la delimitación establecida en 1968 y habilita al Poder Ejecutivo provincial a realizar gestiones para reclamar territorios que considera propios.
Desde San Juan, el abogado constitucionalista Oscar Cuadros sostuvo que la cuestión limítrofe quedó resuelta hace décadas mediante leyes nacionales que continúan plenamente vigentes. En ese sentido, explicó que la Constitución Nacional reserva al Congreso de la Nación la potestad de fijar los límites entre provincias.
El especialista indicó que, si La Rioja pretendiera impugnar esa legislación, debería promover una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque estimó que las posibilidades de éxito serían reducidas debido a la consolidación jurídica de la normativa y al tiempo transcurrido desde su sanción.
En la misma línea se expresó el fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, quien afirmó que la delimitación actual cuenta con respaldo legal, técnico e institucional. Recordó además que las leyes fueron incorporadas al Digesto Jurídico Argentino y que los trabajos de demarcación contaron con la participación del Instituto Geográfico Nacional y equipos técnicos de ambas provincias.
Dávila señaló que una eventual modificación de los límites solo podría concretarse mediante una nueva ley del Congreso y remarcó que la Corte Suprema no tiene competencia para redefinir fronteras provinciales, salvo que deba analizar la constitucionalidad de la legislación vigente.
La minería, en el centro del debate
Desde la provincia vecina también relacionan el resurgimiento del conflicto con el crecimiento de la actividad minera en la cordillera, especialmente por el desarrollo del proyecto Vicuña y de otras iniciativas de gran escala.
Según Cuadros, el planteo riojano coincide con el interés económico que despiertan esos emprendimientos y responde más a una decisión política que a una posibilidad concreta de modificar la delimitación territorial.
Por su parte, el Gobierno de Ricardo Quintela sostiene que la Ley 18.004 fue dictada durante un gobierno de facto y asegura que existen antecedentes históricos y legislativos que respaldan la posición riojana. La administración provincial adelantó que continuará impulsando acciones institucionales para intentar revisar esa normativa.
De esta manera, una discusión que permaneció durante años en un segundo plano volvió a instalarse con fuerza en la agenda regional, donde se entrecruzan argumentos jurídicos, intereses políticos y el creciente desarrollo de la actividad minera en la zona cordillerana.
