La Provincia intimará a empleados en edad de retiro a jubilarse y aplicará quita salarial a quienes demoren el trámite

17:35 | Martes 06 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

...y el cese laboral operará a los tres meses. Una maniobra que busca achicar la masa salarial ante la asfixia de fondos.

Con el objetivo de comprimir el costo de la administración pública y forzar el recambio en la planta estatal, el gobierno de Ricardo Quintela puso en marcha un régimen estricto de pase a retiro obligatorio para los agentes provinciales que cumplan con la edad y los años de aporte requeridos por el sistema previsional. A través del Decreto N° 1.569, el Ejecutivo promulgó la Ley N° 10.906, que modifica el artículo 25 del histórico Decreto Ley N° 3.870/79 (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial).

La iniciativa, impulsada por el Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados bajo la coordinación de Teresita Madera, establece que la estabilidad laboral del empleado público se extinguirá al alcanzar las condiciones de la Ley Nacional N° 24.241. De este modo, los agentes en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria serán intimados de manera perentoria por un término de diez días corridos para iniciar el trámite, obligando a las dependencias a entregar certificaciones de servicio y antecedentes laborales.

Sanción en el recibo de haberes y plazo perentorio de cese

El endurecimiento de la normativa introduce una penalidad económica inmediata para quienes dilaten la gestión: si vencido el plazo de diez días el empleado no acredita el inicio del trámite previsional, el Estado provincial suspenderá de forma automática el pago del emolumento fijado por el Decreto N° 880/07 y sus modificatorias. Dicho adicional solo será restituido una vez presentada la constancia formal ante el organismo previsional.

La reforma acorta drásticamente los tiempos de permanencia en el cargo. El personal intimado prestará funciones por un máximo de tres meses o hasta la concesión efectiva del beneficio jubilatorio, momento en que operará la baja definitiva del escalafón. Si transcurrido ese trimestre el agente no inició la gestión, será desvinculado de manera directa del Estado, salvo que logre justificar de modo fehaciente que las demoras obedecieron a causas no imputables a su persona.

La necesidad de aliviar la masa salarial

La reglamentación de la Ley 10.906 expone la urgencia fiscal que atraviesa la Casa de las Tejas. Sin giros discrecionales del Gobierno nacional y atada a una estricta administración del circulante —que incluyó el uso de los bonos BOCADE—, el Ministerio de Hacienda provincial necesita reducir la nómina activa para contener el impacto del gasto en personal, su principal erogación mensual.

Al acelerar el traspaso de los agentes en edad de retiro hacia la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Provincia traslada la carga económica del sostenimiento mensual al sistema previsional federal. Esta estrategia de drenaje vegetativo le permite al Estado riojano reducir conceptos no remunerativos, suplementos por antigüedad y adicionales específicos que engrosan el salario de bolsillo en los tramos finales de la carrera administrativa.

Tensión gremial en puerta

La aplicación de intimaciones obligatorias y la suspensión de adicionales prometen abrir un nuevo foco de resistencia sindical. Aunque el oficialismo logró aprobar el articulado sin fisuras en el recinto, los gremios estatales siguen con recelo el impacto que la pérdida salarial y el retiro expeditivo tendrán sobre un sector golpeado por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Con este nuevo instrumento legal en mano, el Ejecutivo no solo buscará ordenar el organigrama interno, sino que asume el desafío político de ejecutar las bajas sin detonar reclamos judiciales ni agudizar el descontento de los trabajadores públicos, en un escenario donde la oposición libertaria no deja de denunciar la sobredimensión de la estructura gubernamental de cara a la pulseada por el 2027.